La propuesta de reforma electoral presentada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de cumplir las promesas de campaña de democratización y austeridad, revela una estrategia calculada para consolidar el poder del partido oficialista y debilitar los contrapesos democráticos. Al contrastar las promesas con las acciones, surge una imagen alarmante de un gobierno que busca moldear el sistema electoral a su favor, disfrazando sus intenciones con un discurso de racionalización de recursos y supuesta demanda ciudadana.
En la campaña, se prometió la eliminación de 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, un paso que habría reducido significativamente el costo de la democracia y simplificado la representación política. Sin embargo, la propuesta de reforma mantiene las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados, una contradicción flagrante que sugiere una falta de voluntad política para reducir la burocracia legislativa. Mientras se recortan recursos a instituciones clave como el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno mantiene una estructura legislativa que favorece la representación proporcional y, por ende, la fragmentación del voto, una táctica que históricamente ha beneficiado a los partidos más grandes.
La reducción del 25% al financiamiento del INE y de los partidos políticos, presentada como una medida de austeridad, oculta una intención más profunda: debilitar la capacidad operativa y de supervisión del organismo electoral. Al reducir sus recursos, el gobierno limita la capacidad del INE para organizar elecciones libres y justas, un pilar fundamental de cualquier democracia. Además, el recorte al financiamiento de los partidos políticos, si bien puede parecer popular, en realidad puede exacerbar la desigualdad al dificultar que los partidos de oposición compitan en igualdad de condiciones con el partido oficialista, que cuenta con el respaldo de la administración federal.
La propuesta de reducción en el número de consejeros electorales del INE, sumada a los cuestionamientos sobre la cercanía de su consejera presidenta Guadalupe Taddei con el oficialismo, socava gravemente la independencia de la institución electoral. La promesa de un INE independiente y autónomo se ve amenazada por estas medidas, que parecen diseñadas para garantizar que la autoridad electoral esté bajo el control del gobierno. Una autoridad electoral politizada pierde su credibilidad y su capacidad de actuar como un árbitro imparcial, lo que pone en duda la integridad del proceso electoral.
La desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), justificada por la presidenta bajo el pretexto de una «demanda ciudadana», carece de sustento y transparencia. El PREP ha sido un instrumento fundamental para garantizar la transparencia y la rapidez en la difusión de los resultados electorales preliminares, evitando especulaciones e incertidumbre. Su eliminación sin una alternativa viable y transparente plantea serias dudas sobre la voluntad del gobierno de mantener la transparencia en el proceso electoral.
En contraste, la reforma electoral ignora una demanda ciudadana genuina: el fin de la complicidad entre políticos y miembros del crimen organizado. Esta problemática, que afecta gravemente la seguridad y la estabilidad del país, no se aborda en la propuesta de reforma. El gobierno prefiere centrarse en medidas que fortalecen su control sobre el sistema electoral, en lugar de enfrentar los desafíos reales que amenazan la democracia mexicana.
La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum representa un retroceso significativo para la democracia mexicana. Lejos de democratizar el sistema, busca consolidar el poder del partido oficialista y debilitar los contrapesos democráticos. La sociedad mexicana debe estar alerta y defender las instituciones que garantizan elecciones libres y justas, y exigir que las reformas electorales respondan a las verdaderas demandas de la ciudadanía, no a los intereses políticos del gobierno en turno.
