Este domingo 7 de junio, una zona de baja presión con potencial ciclónico se intensificó a la depresión tropical Dos-E, dando origen al segundo ciclón tropical de la temporada 2026 en el Pacífico mexicano. El sistema se localizaba a 155 kilómetros al sur de Acapulco y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.
El fenómeno se acerca a una región que todavía mantiene fresca la memoria de los devastadores efectos provocados por los huracanes Otis en 2023 y Erick en 2025. Lo que debería ser una advertencia meteorológica es, en realidad, un espejo político incómodo: México enfrenta una nueva amenaza costera sin los instrumentos institucionales que en otro tiempo existían para mitigarla.
La trampa del presupuesto improvisado
El corazón del problema no es la depresión tropical. Es la arquitectura —o la falta de ella— con que el Estado mexicano responde a los desastres. López Obrador eliminó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2020, argumentando corrupción e ineficiencia. Sheinbaum heredó esa decisión y la ha defendido. La presidenta explicó que desde el sexenio anterior el financiamiento para emergencias se maneja como una partida presupuestal directa, integrada cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, afirmando que «si se requieren más recursos, habrá más recursos para disminuir presupuestos de otras áreas y destinarlos a la emergencia.»
El problema de esa lógica es que convierte la atención a desastres en una variable de ajuste —algo que se financia restando de otro lado cuando ya ocurrió la tragedia— en lugar de una certeza presupuestal preestablecida. Y los datos respaldan la preocupación: según informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda, hasta el 30 de junio de 2025 no se había ejercido un solo peso de las previsiones para el Fondo de Desastres, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos para ese año se etiquetaron más de 19 mil millones de pesos para ese fin. Lo que sí se registró fue un recorte a dichos recursos por más de dos mil millones de pesos.
Recursos presupuestados, no ejercidos en prevención, pero sí recortados. La ecuación es alarmante.
La lección de Otis, ignorada
El huracán Otis, de categoría 5, tocó tierra el 25 de octubre de 2023 impactando al estado de Guerrero con fuertes lluvias y vientos, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra y afectando principalmente a la ciudad de Acapulco. La tragedia expuso no solo la vulnerabilidad física del puerto, sino la ausencia de sistemas de alerta temprana efectivos, la precariedad de la infraestructura y la desorganización en la respuesta inicial del gobierno federal.
Tras el impacto de Otis, organismos internacionales advirtieron que los fenómenos hidrometeorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos en el contexto del cambio climático, y que la recuperación no puede limitarse a restablecer lo perdido, sino que debe incorporar criterios de resiliencia, adaptación y reducción de riesgos. Esas recomendaciones siguen siendo letra muerta en las decisiones presupuestales del gobierno.
Tras la desaparición del Fonden, la política para la atención de desastres estriba en realizar censos de afectados y entregar apoyos económicos de manera directa, así como paquetes de enseres domésticos. Es decir: primero esperar la catástrofe, luego contar muertos y damnificados, y después entregar despensas. La prevención, como categoría de política pública, ha quedado subordinada a la urgencia del asistencialismo.
El dilema político: prevención versus popularidad
Aquí reside el nudo más difícil de desatar. Los programas sociales tienen nombre, apellido y credencial electoral. La inversión en protección civil, en atlas de riesgo actualizados, en infraestructura de drenaje pluvial o en sistemas de alerta temprana no genera votos de manera inmediata ni titular de campaña. En un régimen que ha hecho del gasto social directo su principal argumento de legitimidad, la prevención de desastres compite en desventaja por cada peso del presupuesto.
Las autoridades mexicanas prevén la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y Pacífico durante la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar categoría 3, 4 y 5. La pregunta que nadie en Palacio Nacional parece querer responder es simple: si llega otro Otis, ¿con qué lo enfrentamos?
