La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enfrentado escrutinio público por una serie de gastos que contrastan con su discurso inicial de eliminar privilegios y promover la austeridad, prometido al asumir funciones en septiembre de 2025. Este análisis examina los hechos reportados, las posturas críticas y defensivas, destacando tensiones entre la necesidad de recursos institucionales y la percepción de derroche en un contexto de restricción presupuestal nacional.
Uno de los episodios más controvertidos fue la ceremonia de purificación indígena en el Zócalo capitalino, realizada antes de la toma de protesta de los ministros. El evento, que incluyó encomienda a Quetzalcóatl y entrega de bastones de mando, costó al menos 1 millón 254 mil 121 pesos, distribuidos en servicios como audio, templete, baños y catering. Críticos argumentan que este gasto simbólico representa un uso innecesario de fondos públicos, especialmente en un órgano judicial que se presenta como renovado y accesible al pueblo, alimentando acusaciones de hipocresía cultural y financiera. Por otro lado, defensores lo ven como un acto de inclusión indígena, alineado con valores constitucionales de diversidad, y enfatizan que no se reportaron pagos adicionales por bastones, minimizando el impacto presupuestal.
Otro punto de fricción involucra la adquisición de 571 vehículos por 252 millones de pesos, incluyendo nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para ministros, con un costo unitario estimado en hasta 3 millones de pesos. La SCJN justificó la compra como un cambio de renta a propiedad, generando ahorros de más de mil millones a largo plazo, y necesaria para la seguridad de funcionarios expuestos a riesgos. Sin embargo, tras intensas críticas por contradecir la austeridad, los ministros anunciaron la devolución o reasignación de las camionetas a otros juzgadores en peligro, reconociendo la sensibilidad pública. Esta reversión invita a polémica: ¿refleja genuina responsabilidad o mera reacción a la presión mediática?
La ministra Loretta Ortiz Ahlf fue captada en un vuelo en clase ejecutiva a Costa Rica para un seminario sobre derechos humanos. Mientras opositores lo tildan de privilegio incompatible con la imagen de humildad, sus partidarios lo defienden como un viaje oficial, no vacacional, y destacan que no viola normativas internas. Similarmente, el convenio con el ISSSTE para atención médica de segundo nivel fue calificado por algunos medios como «VIP», facilitando referencias especializadas. El instituto negó este carácter preferencial, argumentando que iguala el acceso a la salud pública tras cancelar seguros privados. Críticos, no obstante, lo perciben como un resquicio para beneficios elitistas.
Finalmente, la adjudicación directa de 40 mil pesos para un retrato al óleo de la ministra Lenia Batres generó debate, aunque la SCJN aclaró que no se formalizó contrato ni pago, y Batres no participó en la selección. Posturas divididas: unos lo ven como vanidad innecesaria, otros como tradición institucional que no se concretó.
Estos incidentes resaltan desafíos en la implementación de reformas judiciales: mientras la Corte argumenta eficiencia y seguridad, las críticas subrayan una desconexión con el mandato de austeridad, potenciando desconfianza pública. La devolución de camionetas sugiere adaptabilidad, pero plantea interrogantes sobre planeación inicial. En última instancia, estos hechos invitan a un debate sobre la verdadera transformación del Poder Judicial, equilibrando necesidades operativas con responsabilidad fiscal en un México que exige equidad.
