El debate sobre la preparación académica de los funcionarios públicos en México ha cobrado relevancia en los últimos meses, impulsado por revelaciones periodísticas que destacan casos en la Oficina de la Presidencia y en alcaldías de estados como Hidalgo. En la administración actual de Claudia Sheinbaum, al menos 60 cargos de dirección y subdirección en la Presidencia carecen de licenciatura, pese a que la normatividad federal lo exige, con algunos ocupantes limitados a bachillerato o secundaria, y experiencia previa en partidos políticos como Morena. En Hidalgo, alcaldes de municipios pobres, con apenas primaria o secundaria concluida, perciben sueldos equiparables a rectores universitarios, superando a profesionistas que requieren posgrados para acceder a puestos similares. Este contraste genera controversia, al cuestionar si la falta de estudios superiores compromete la eficacia gubernamental, sin caer en discriminación por origen educativo.
Históricamente, la administración de Andrés Manuel López Obrador priorizó la lealtad sobre la capacidad técnica. En 2019, el expresidente defendió a funcionarios con el argumento de que prefería «90% de honestidad y 10% de experiencia», desestimando críticas sobre perfiles inadecuados. Esta política, aplicada en nombramientos como el de Ángel Carrizales en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, se extendió a colaboradores cercanos, generando críticas por políticas públicas deficientes que no beneficiaron al país, según analistas. El enfoque en lealtad incondicional, calificado como «sinsentido» por expertos, contrastó con gabinetes previos más orientados a competencias profesionales. En el contexto actual, esta herencia persiste, aunque Sheinbaum ha enfatizado perfiles más capacitados en su equipo inicial.
Otro factor que aviva la polémica es el nepotismo. Investigaciones revelan familiares de altos funcionarios ocupando puestos sin experiencia ni estudios relacionados, como en el Congreso de la Unión, donde al menos 45 cargos están vinculados por lazos sanguíneos. Sheinbaum ha rechazado públicamente el nepotismo electoral, cuestionando reformas como las «leyes esposa» en estados como San Luis Potosí y Nuevo León, que obligan candidaturas femeninas en periodos específicos, y ha pedido revisar su constitucionalidad para evitar dinastías políticas. Este posicionamiento genera debate, ya que, aunque prohíbe explícitamente el nepotismo en la Constitución, su implementación efectiva es cuestionada, especialmente en un entorno donde la lealtad familiar suplanta méritos.
Desde una perspectiva analítica, asignar funciones públicas a personas sin preparación adecuada plantea riesgos de ineficiencia, como se evidenció en acciones gubernamentales pasadas. Sin embargo, no se puede discriminar por falta de títulos, pues datos del INEGI indican que solo cuatro de cada diez funcionarios tienen licenciatura, y el 60% de cargos no la requieren formalmente. Propuestas como eliminar tesis para titulación universitaria, impulsadas por legisladores de Morena, buscan facilitar el acceso laboral, pero podrían diluir estándares educativos. Lo deseable es equilibrar: perfiles idóneos con asesores que cubran deficiencias, priorizando resultados sobre credenciales. Ejemplos muestran que individuos sin estudios pueden liderar proyectos exitosos, mientras que titulados fallan por ineptitud. No obstante, en un país con desigualdades educativas, este enfoque invita a reflexionar sobre si perpetúa brechas sociales o democratiza el poder.
El tema resalta tensiones entre meritocracia y equidad. En el sector público, sueldos altos para cargos sin requisitos académicos contrastan con salarios estancados para profesionistas, con un promedio de 7,520 pesos mensuales en 2025 para técnicos y licenciados. Políticas de austeridad han reducido remuneraciones en un 53% real desde 2001, afectando atracción de talento. Propuestas como cursos obligatorios para funcionarios, con exámenes en comprensión lectora, Constitución y ética, podrían mitigar carencias. En última instancia, el debate subraya la necesidad de reformas que garanticen competencias sin excluir por origen, equilibrando lealtad con eficacia para beneficio nacional.
