La rendición de cuentas y la integridad en el servicio público vuelven a estar en el centro del debate político nacional. Según los datos más recientes del informe «México en Números», el país cerró el mes de noviembre de 2025 con un repunte en las denuncias por delitos cometidos por servidores públicos, alcanzando un total de 1,597 casos registrados en tan solo treinta días. Esta cifra representa un incremento del 8% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 1,477 incidentes.
A pesar de este repunte mensual, el balance general del año 2025 muestra una ligera tendencia a la baja en comparación con periodos previos. En lo que va de la actual administración federal, se han acumulado 17,992 denuncias contra funcionarios. Esta cantidad es un 4% menor a los 18,698 casos reportados durante el año 2024 y se sitúa notablemente por debajo de los 20,855 registros de 2023.
El mapa de la corrupción oficial
La incidencia delictiva no se reparte de manera uniforme por el territorio mexicano. El informe destaca una preocupante concentración geográfica: apenas tres entidades federativas acumulan el 51% de todos los casos denunciados en el periodo actual. La Ciudad de México encabeza la lista con 4,005 denuncias, seguida por el Estado de México con 3,447 y Nuevo León con 1,692 casos.
Para los analistas políticos, estos números reflejan no solo la magnitud de la burocracia en estas regiones, sino también los retos estructurales para fiscalizar el comportamiento de quienes ostentan cargos públicos. En el resto del país, entidades como Puebla y Veracruz también figuran con cifras significativas, con 826 y cientos de casos respectivamente.
Tasas de incidencia: donde el riesgo es mayor
Si bien los números totales son alarmantes, el análisis por cada millón de habitantes ofrece una perspectiva más cruda sobre el impacto real en la población. Mientras que el promedio nacional se sitúa en 142 denuncias por cada millón de personas, algunas entidades superan esta cifra con creces.
La Ciudad de México no solo lidera en números brutos, sino también en tasa de incidencia con 435 denuncias por cada millón de habitantes. Le siguen Baja California Sur con una tasa de 351 y Quintana Roo con 324. Estas regiones, claves para la economía y el turismo, enfrentan el desafío de limpiar sus instituciones para recuperar la confianza ciudadana.
Una mirada al pasado
Al observar la ruta histórica desde el año 2015, se aprecia que los delitos cometidos por funcionarios alcanzaron su punto más crítico en 2019, cuando se registraron 21,523 casos a nivel nacional. Desde ese máximo histórico, la tendencia ha mostrado un descenso gradual, pasando por los 21,883 casos en 2020 y los 21,520 en 2021, hasta llegar a las cifras actuales que rondan los 18,000 incidentes anuales
Este informe, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sirve como un termómetro de la transparencia en México13131313. Aunque la reducción anual es un dato positivo, los casi 1,600 delitos denunciados solo en noviembre recuerdan que la vigilancia sobre el poder público sigue siendo una tarea pendiente y urgente para la salud democrática del país.
