El pasado viernes fue un día difícil especialmente para los papás de los estudiantes de Ayotzinapa. Fue un día difícil para todos los mexicanos. También lo fue —toda proporción guardada— para quienes desde distintos caminos queremos construir el bien de nuestro México. Es difícil expresar algo después de la confirmación de lo que ya intuíamos.
El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia es inaplazable. Los estados y municipios que han avanzado en este proceso, como los de la zona metropolitana de Monterrey, han logrado una enorme mejoría en esta materia por el esfuerzo en la depuración y fortalecimiento de la policía estatal y municipal. Quienes no lo han hecho, han llevado a los ciudadanos a una situación insostenible. ¿Un ejemplo? Iguala.
La obligación de que los estados y municipios trabajaran en los procesos de control de confianza de policías se ha venido aplazando constantemente por muchos de los estados de la República. Los pretextos no se dejaron esperar y se fueron expresando: “es imposible” dijeron algunos; pero no lo es, el gobierno local puede y debe hacer el esfuerzo de revisar sus propias policías para lo cual existen partidas presupuestales, las cuales muchas veces han quedado sin ejercer. Otra de las expresiones para no llevar a cabo esos controles es que los ex policías “se convertirían en delincuentes automáticamente”, pero normalmente, en esos casos, ya estaban delinquiendo, pero con el poder y con los recursos del Estado, no se puede tener a los propios criminales al cuidado de los ciudadanos.
En estos días algunos editorialistas destacaron la expresión del gobernador de Guerrero en el Consejo de Seguridad Pública: “quieren una policía de Suiza, pero no somos Suiza”. Además de que es un comentario muy simple con respecto a una situación tan seria, no veo cuál es la objeción para que los ciudadanos pidamos tener policías a la altura de las mejores del mundo. Finalmente, los hechos en Iguala fueron peores de lo que el más pesimista hubiera podido predecir: la propia policía entregando estudiantes a sus verdugos.
La situación genera, desde el dolor solidario, un ánimo de participación que tiene que encontrar sus cauces institucionales. Me consta que son muchos los ciudadanos que quieren ayudar directamente a las familias o a las propias instituciones educativas en Guerrero, así como a la reconstrucción de un tejido social que sin duda no existe en gran medida por el miedo que se vive en aquellas poblaciones.
En el fondo y en la forma, está presente la necesidad de un Estado de derecho al que muchos editorialistas, organizaciones y académicos han llamado con tanta urgencia durante estos difíciles días por los que pasa nuestro México.
Nota sobre la Consulta Popular: Este novedoso proceso previsto en la reciente reforma política, tenía la posibilidad de llevarse a cabo el 7 de junio, el mismo día en el que se llevarían a cabo las elecciones. Sin embargo, la Corte decidió rechazar todas las preguntas, no ejercer la facultad de cambio de la redacción de las mismas y anular la posibilidad de llevar a cabo la consulta popular.
Las leyes que contienen los derechos deben interpretarse a favor del ejercicio de los mismos por la persona. El principio pro persona así lo obliga y está reconocido en nuestra Constitución. En el caso de una figura de participación democrática, me hubiera gustado que la interpretación se hiciera a favor de que la ley tuviera efectos a favor de que se ejerciera el derecho de libertad de expresión a través de la Consulta Popular. Ahora especialmente que requerimos que se abran todos los caminos legales e institucionales para ejercer el derecho de la libertad de expresión.
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