La filtración de un supuesto borrador de reforma electoral ha generado un intenso debate en México, destacando tensiones entre el oficialismo y la oposición, así como preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de documentos sensibles. El documento, difundido en redes sociales y medios el 18 de febrero de 2026, propone modificaciones significativas al sistema electoral, incluyendo la creación de ocho diputaciones federales para migrantes, la reducción de consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE) de once a ocho, y un posible incremento en el número total de diputados a 508 mediante ajustes en las listas plurinominales. Además, plantea recortes presupuestales a partidos políticos y cambios en el financiamiento público, con el objetivo declarado de fortalecer la democracia y reducir costos operativos.
Esta filtración no es un incidente aislado, sino parte de un patrón observado desde la llegada de Morena al poder en 2018. Críticos señalan un aumento en la divulgación no autorizada de documentos oficiales, como expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), evaluaciones internas de dependencias gubernamentales y archivos confidenciales de partidos políticos. Este fenómeno ha alimentado acusaciones de que tales filtraciones podrían servir como herramientas políticas para desestabilizar a adversarios o distraer la atención pública, generando indignación por la aparente falta de protocolos de seguridad en instituciones clave.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha desmentido categóricamente la autenticidad del borrador como propuesta oficial, calificándolo de falso y anunciando que presentará la iniciativa real el 24 de febrero, coincidiendo con el Día de la Bandera. En su conferencia matutina, enfatizó que el proyecto busca una democracia más eficiente sin incrementar el número de legisladores, y urgió a no debatir versiones no verificadas. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha matizado esta postura: admite que el documento es auténtico pero lo describe como un borrador preliminar de hace dos semanas, no oficial, filtrado de manera indebida desde la Comisión Presidencial de Reforma Electoral. Monreal ha asegurado que Morena respaldará unánimemente la propuesta final, aunque reconoce desafíos para sumar aliados como el PVEM y el PT, lo que podría complicar su aprobación.
La oposición, representada por figuras como Kenia López Rabadán del PAN, ha expresado escepticismo. López Rabadán afirma creer en las declaraciones de Sheinbaum, pero interpreta la filtración como un intento deliberado de perjudicar a la oposición al generar confusión y polarización prematura. Analistas independientes coinciden en que esta controversia erosiona la confianza en el proceso legislativo, cuestionando la responsabilidad en la custodia de información sensible y el riesgo de manipulación informativa en un contexto electoral sensible.
Este episodio invita a reflexionar sobre las implicaciones para la gobernabilidad: por un lado, acelera el escrutinio público sobre reformas que podrían alterar el equilibrio de poder; por otro, resalta divisiones partidistas que podrían obstaculizar consensos necesarios. Sin una investigación exhaustiva sobre la fuente de la filtración, persiste el debate sobre si se trata de negligencia o estrategia calculada, alimentando indignación entre sectores que demandan mayor integridad institucional. En última instancia, la resolución de esta crisis dependerá de la claridad y el diálogo en la presentación oficial, para evitar que las sombras de la filtración opaquen el fondo de la reforma.
