La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los desafíos más críticos y dolorosos en la agenda de seguridad de México. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2026 se han registrado oficialmente 148 feminicidios a nivel nacional. Esta cifra subraya una realidad persistente: la urgencia de políticas públicas que protejan de manera efectiva la vida de las mexicanas.
El panorama se vuelve aún más complejo al analizar los datos históricos y regionales. Entre enero de 2019 y enero de 2026, el país ha acumulado un total de 6,440 feminicidios, siendo entidades como Sinaloa, el Estado de México y la Ciudad de México las que presentan la mayor incidencia de este delito. Aunque en los primeros meses de 2026 se observó una ligera disminución en el promedio diario de víctimas (pasando de 2.03 en enero de 2025 a 1.74 en enero de 2026), activistas y organizaciones civiles advierten que estos números son apenas la punta del iceberg.
El reto de la clasificación y la impunidad
Uno de los principales reclamos de las colectivas feministas y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) es que solo una cuarta parte de los asesinatos de mujeres son investigados inicialmente bajo el protocolo de feminicidio. Esta deficiencia en la clasificación suele derivar en que muchos casos se procesen como homicidios dolosos, invisibilizando la violencia de género sistemática.
A este escenario se suma la preocupante situación de las mujeres trans. En lo que va de 2026, se han registrado al menos 11 transfeminicidios, con casos documentados en estados como Jalisco, Chihuahua, Morelos y el Estado de México. Los activistas denuncian un «ensañamiento» en estos crímenes y una respuesta institucional que a menudo ignora la identidad de género de las víctimas.
Crisis de desapariciones y vulnerabilidad infantil
La violencia no solo se manifiesta en los asesinatos. La crisis de desapariciones en el país tiene un rostro marcadamente joven y femenino. Hasta marzo de 2026, el 31% de las mujeres desaparecidas y no localizadas en México son menores de edad, una cifra desproporcionadamente alta en comparación con el 8.5% que representan los menores en el caso de los hombres.
Para finales de 2025, México cerró el año con 721 casos de feminicidio, y en ese periodo, Sinaloa encabezó la lista debido al incremento de violencia vinculada a grupos criminales, superando por primera vez al Estado de México en registros anuales.
A pesar de los discursos oficiales que anuncian caídas en la incidencia delictiva, las defensoras de derechos humanos señalan un debilitamiento de mecanismos clave, como las Alertas de Violencia de Género, las cuales califican de «opacas e ineficientes» bajo la actual gestión. La exigencia ciudadana es clara: justicia para las víctimas y una estrategia de seguridad que no solo cuente cuerpos, sino que prevenga la violencia antes de que sea demasiado tarde.
