El «Impuesto del Crimen» Crece 5% en 2025
El delito de extorsión registra una preocupante escalada en su conteo acumulado durante los primeros nueve meses del año en México, un indicador que subraya la ineficacia de las políticas de seguridad para contener este flagelo. De acuerdo con el más reciente informe «Extorsiones en México» elaborado por TResearch International, el país acumuló 8,585 extorsiones denunciadas de enero a septiembre de 2025. Esta cifra representa un aumento del 5% respecto a los 8,166 casos reportados en el mismo periodo de 2024, una tendencia ascendente que consolida a la extorsión como uno de los mayores desafíos de seguridad que enfrenta la administración federal actual.
A pesar de que el balance general es negativo, el reporte presenta un dato mensual con un matiz positivo: durante septiembre de 2025 se registraron 835 denuncias, un 7% menos que las 895 reportadas en septiembre de 2024. De hecho, es el mes de septiembre con la menor incidencia desde 2021. No obstante, los analistas de seguridad advierten que esta ligera reducción mensual es insuficiente para revertir la inercia delictiva anual, que muestra que el fenómeno criminal sigue expandiéndose de manera silenciosa pero constante en el territorio nacional.
Edomex, Guanajuato y CDMX, El ‘Triángulo’ de la Extorsión
La geografía del delito de extorsión en México no es uniforme, sino que se concentra de manera dramática en apenas tres entidades del país. El Estado de México, Guanajuato y la Ciudad de México (CDMX) se han erigido como el «triángulo de la extorsión», concentrando cerca del 50% del total de casos reportados en lo que va del sexenio actual.
El Estado de México lidera con cifras abrumadoras, acumulando 2,803 extorsiones desde el inicio de la nueva administración, casi el doble de reportes que el segundo lugar. La colindancia con la capital, su vasta población y su intensa actividad comercial lo convierten en el epicentro de este delito, que afecta desde pequeños negocios y transportistas hasta grandes empresas. En segundo lugar, se encuentra Guanajuato con 1,451 casos, reflejo de la violencia territorial y el afán de los grupos criminales por diversificar sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico. Completa el podio la capital del país, la CDMX, con 1,335 reportes.
Esta concentración de casos evidencia una falla estructural en el control territorial y de inteligencia para desmantelar las redes que operan a través de la extorsión directa e indirecta (como la telefónica y la ciberextorsión). La situación en estas entidades demanda una intervención urgente y coordinada, pues su alto índice de extorsión impacta directamente en la confianza empresarial y en la calidad de vida de millones de mexicanos.
El Legado de la Crisis: Una Hora, Un Caso
Para dimensionar la crisis, el informe de TResearch International establece una comparativa sexenal. El gobierno anterior, que concluyó en 2024, cerró con un total de 57,510 extorsiones acumuladas, lo que se traduce en un promedio aproximado de un caso de extorsión cada hora durante todo el sexenio.
En contraste, y aunque el actual gobierno lleva menos tiempo en funciones, la estadística ya es significativa: la administración en curso ya registra 11,290 extorsiones hasta septiembre de 2025. Este dato inicial establece un punto de partida preocupante, pues sugiere que la tendencia histórica de este delito se mantiene al alza, y que la nueva estrategia de seguridad deberá enfocarse con urgencia en la prevención y el combate frontal a la operación de las células criminales dedicadas a este «impuesto al miedo».
La extorsión, a diferencia de otros delitos de alto impacto, no solo representa una pérdida económica para las víctimas, sino que socava la confianza en las instituciones y paraliza la actividad productiva. La información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) utilizada por TResearch no incluye las cifras negras de los casos no denunciados, por lo que la magnitud real del problema es presumiblemente mucho mayor. La tarea pendiente de la clase política y los cuerpos de seguridad es clara: proteger a los ciudadanos y las empresas de un delito que ha pasado de ser un fenómeno aislado a una industria criminal sistémica en México.
