Evaluación del Poder Legislativo

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El Ejecutivo actúa en el presente, al asignar recursos a las políticas públicas. El Judicial juzga el pasado, hechos consumados, para impartir justicia. El Legislativo ve hacia el futuro. He ahí la dificultad para calificarlo.

No puede existir una organización social fidedigna sin la noción del deber.
Kofi Yamgnane

Al Poder Ejecutivo se le califica, principalmente, por la forma de ejercer el Presupuesto. Al Poder Judicial, por la calidad y cantidad de sentencias emitidas. Al Poder Legislativo, cuya tarea es más intangible, se le califica por las iniciativas presentadas o por las leyes aprobadas, lo cual es una distorsión de sus más importantes funciones. El Ejecutivo actúa en el presente, al asignar recursos a las políticas públicas. El Judicial juzga el pasado, hechos consumados, para impartir justicia. El Legislativo ve hacia el futuro. He ahí la dificultad para calificarlo. Las consecuencias de sus decisiones no son inmediatas, se dan en el largo plazo.

En México, desde hace muchos años, se ha privilegiado el trabajo de gestoría, ligado estrechamente a las prácticas electorales. Eso hizo que se llegara al absurdo de asignar recursos directos a los diputados para que decidan su destino, lo cual ha derivado en actos de corrupción.

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Hay ahora despachos y grupos de análisis que califican a cada legislador por el número de iniciativas y proposiciones que presenta. En cuanto al primer caso, se está dando una actitud oportunista de buscar más lucimiento que fortalecer el Estado de derecho. Las mejores leyes son consecuencia del estudio de juristas. Las asambleas legitiman y difunden las leyes y muchas veces las transforman, produciendo efectos contrarios a los fines inicialmente buscados. Por eso el viejo refrán popular, atribuido a Bismarck: “A quienes les gusten las leyes y las salchichas, que no vean cómo se hacen”, o bien que “un dromedario era un caballo antes de entrar a una comisión legislativa”. Los puntos de acuerdo suelen ser un artificio para llevar a la tribuna reclamos ciudadanos. La Constitución es muy clara: del Congreso emanan leyes y decretos, no puntos de acuerdo. Puede suceder que un representante lleve soluciones a su comunidad, pero no coincido en el simulacro y en la demagogia. ¿Entonces, para qué sirve el Poder Legislativo? Hay dos funciones más trascendentes que hacer leyes:

Integración. Consiste en reunir adversarios para que emanen acuerdos en la orientación de la vida pública nacional. Ése es el propósito de la agenda política, hoy subestimada en el trabajo parlamentario.

Control en el ejercicio del poder. La división de poderes obedece al intento de que el funcionario público se aboque a servir con eficiencia y honradez. Ese fue el propósito de los lores y los comunes cuando, el 15 de junio de 1215, obligaron a Juan sin Tierra a firmar la Carta Magna de Inglaterra. Ahí había el compromiso de la rendición de cuentas. Ese mismo fue el grito de las trece colonias americanas: “No hay impuestos sin representación”.

Los distintos mecanismos que implican la función de control van, desde la aprobación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la aprobación de la Cuenta Pública. La comparecencia, la pregunta parlamentaria, la interpelación, el juicio político y otras disposiciones dispersas en el derecho parlamentario tienen ese fin. Qué útil es un reclamo oportuno del Poder Legislativo en cualquier desviación en las políticas públicas. He ahí la relevancia del debate, que es la exaltación de la división de poderes.

El trabajo en los congresos es complicado e incomprendido. Es difícil medir el desempeño parlamentario. No es un trabajo continuado, vive de destellos. Una buena negociación, un buen posicionamiento en un tema relevante puede justificar los años de permanencia en el cargo.

Los congresos, federal y estatales, no están cumpliendo esa función de control. Ésa es la percepción de la ciudadanía y su evidente malestar.


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