En los últimos años, el robo de autopartes ha sido una problemática constante en México, afectando tanto a propietarios de vehículos como al sector automotriz. Según datos recopilados por TResearch con base en cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este delito ha mostrado una evolución compleja, con picos preocupantes y, más recientemente, señales de reducción.
En febrero de 2025, se registraron 1,422 denuncias por robo de autopartes en todo el país, lo que representa una caída significativa del 25% en comparación con el mismo mes de 2024. Este número es la cifra más baja para un mes de febrero desde 2016, lo que sugiere un cambio positivo en las tendencias delictivas. Sin embargo, pese a esta disminución, el problema sigue siendo relevante, especialmente en ciertas regiones del país.
Uno de los hallazgos más destacados del análisis realizado por TResearch es la concentración territorial del delito. Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, que comenzó en octubre de 2024, tres entidades federativas han concentrado el 76% de las denuncias por robo de autopartes: la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y Puebla. Esta alta concentración geográfica refleja no solo patrones de incidencia delictiva, sino también posibles deficiencias en las estrategias de seguridad implementadas en estas zonas.
Además, cuando se analiza la proporción de robos por cada millón de habitantes, las entidades con mayor incidencia son nuevamente CDMX, Morelos y Puebla. Estas cifras subrayan cómo algunas regiones enfrentan desafíos más graves en términos de seguridad y control del delito, lo que podría estar relacionado con factores como la densidad poblacional, la infraestructura urbana y la presencia de redes criminales especializadas.
Históricamente, el robo de autopartes ha experimentado fluctuaciones significativas. En febrero de 2015, se reportaron 716 casos, una cifra que se duplicó para el mismo mes en 2023, alcanzando su punto máximo con 1,939 denuncias. No obstante, los dos últimos años han mostrado una tendencia a la baja, lo que podría atribuirse a diversas iniciativas gubernamentales o a cambios en el comportamiento delictivo. Aunque aún es pronto para determinar si esta disminución será sostenida, los datos actuales generan optimismo respecto a la posibilidad de revertir esta problemática.
Otro aspecto crítico que emerge del informe es la magnitud del problema durante el actual sexenio. De octubre de 2024 a febrero de 2025, se han registrado 3,136 denuncias por robo de autopartes en todo el país. Este número, aunque elevado, debe contextualizarse dentro de una tendencia histórica que muestra oscilaciones importantes. Por ejemplo, en 2023 se alcanzó el pico más alto de la década, con 23,738 casos reportados en un año. Esto contrasta con los niveles más bajos observados en 2015, cuando se documentaron 7,375 casos anuales.
Las implicaciones del robo de autopartes van más allá de la pérdida económica directa para los ciudadanos. Este delito impacta negativamente en la percepción de seguridad pública, genera pérdidas económicas para las aseguradoras y puede incluso incentivar actividades ilícitas adicionales, como el tráfico ilegal de piezas automotrices. Además, la falta de medidas efectivas para combatir este delito en ciertas regiones puede exacerbar otras formas de criminalidad organizada.
Para abordar este fenómeno, expertos coinciden en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y persecución del delito. Entre las estrategias sugeridas están el incremento de operativos policiales en puntos críticos, la implementación de tecnologías de rastreo para autopartes y la mejora de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. También es fundamental involucrar a la sociedad civil mediante campañas de concienciación que promuevan prácticas seguras, como el uso de estacionamientos vigilados y dispositivos antirrobo.
En conclusión, aunque los datos más recientes sobre el robo de autopartes en México muestran una tendencia alentadora, este delito sigue siendo un reto importante para las autoridades y la población. La concentración territorial del problema y su impacto económico y social exigen soluciones integrales y sostenibles. Solo a través de la colaboración entre gobierno, sector privado y ciudadanía será posible avanzar hacia una disminución definitiva de este flagelo que afecta la tranquilidad y el bienestar de miles de mexicanos.
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