La reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ocurrida el 3 de enero de 2026 en una operación militar en Caracas, ha invitado a comparaciones con el arresto de Ismael «El Mayo» Zambada García en julio de 2024. Ambos casos involucran figuras acusadas de narcotráfico que terminaron en custodia estadounidense tras maniobras controvertidas, destacando tensiones en la aplicación extraterritorial de la justicia bajo la presidencia de Donald Trump. Este paralelismo, aunque poco explorado en el debate público, genera elementos polémicos sobre soberanía nacional, traiciones internas y la responsabilidad de potencias en intervenciones foráneas.
En el caso de Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, su detención resultó de una traición interna: Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, lo entregó a autoridades estadounidenses en un vuelo privado desde México. Fuentes oficiales mexicanas negaron conocimiento previo, calificando el traslado como una extradición irregular que violó protocolos bilaterales. Zambada enfrenta cargos por tráfico de fentanilo y lavado de dinero, con críticos argumentando que esta operación expuso la vulnerabilidad de México ante presiones estadounidenses, mientras que defensores la ven como un golpe necesario contra el crimen organizado transnacional.
Similarmente, la captura de Maduro involucró una operación de la CIA y fuerzas especiales, facilitada por una «llamada fatídica» que sugiere inteligencia interna o traición dentro de su círculo cercano, posiblemente de altos funcionarios chavistas descontentos. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron extraídos de Venezuela en una redada nocturna, sin coordinación con autoridades locales, y trasladados directamente a territorio estadounidense. El Departamento de Justicia lo acusa de «narcoterrorismo» por presuntos vínculos con carteles colombianos y el tráfico de cocaína, alegando que ha operado como un «narcoestado» durante dos décadas. Desde la perspectiva venezolana oficial, ahora bajo un gobierno interino respaldado por oposición, esto representa una invasión flagrante que ignora la soberanía, avivando acusaciones de imperialismo. Opositores a Maduro, en cambio, celebran la acción como liberación de un régimen opresivo, aunque cuestionan su legalidad bajo el derecho internacional.
Ambos incidentes ilustran una política estadounidense bajo Trump caracterizada por acciones unilaterales, criticadas por falta de escrúpulos en la imposición de leyes fuera de sus fronteras. Detractores, incluyendo analistas latinoamericanos y organizaciones como la ONU, argumentan que estas operaciones socavan el multilateralismo, fomentando inestabilidad regional y precedentes peligrosos para intervenciones en otros países. Por ejemplo, la captura de Maduro ha provocado protestas en Caracas y condenas de aliados como Rusia y China, que lo tildan de «secuestro estatal». Defensores estadounidenses, particularmente republicanos, lo justifican como medida pragmática contra amenazas a la seguridad nacional, citando el impacto del narcotráfico en la crisis de opioides en EE.UU.
Estas comparaciones invitan a polémicas sobre la selectividad de la justicia: ¿por qué priorizar figuras como Maduro y Zambada mientras se ignoran otros aliados controvertidos? Además, resaltan debates éticos sobre traiciones internas, que algunos ven como colaboracionismo necesario y otros como traición a la patria. En un contexto de migración masiva y crisis económica en Venezuela y México, tales acciones podrían intensificar divisiones, pero también promover reflexiones sobre responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen transfronterizo. Sin resolver estas tensiones, el paralelismo subraya cómo la geopolítica actual privilegia el poder sobre el consenso internacional.
