Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan una realidad inquietante para la nueva administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: el delito de fraude, aunque con una ligera baja en el último mes, se mantiene como un desafío latente que afecta a miles de mexicanos. La TResearch International, en un informe titulado “Fraudes en México, Cifras Históricas”, detalla los puntos más relevantes de este problema que se ha mantenido en el centro del debate político y de seguridad.
De acuerdo con el estudio de TResearch, en julio de 2025 se registraron 9,638 denuncias por fraudes, lo que representa una disminución del 5% en comparación con las 10,160 denuncias del mismo mes del año anterior. A pesar de esta baja, los números acumulados durante los primeros diez meses del sexenio de la presidenta Sheinbaum son contundentes: de octubre de 2024 a julio de 2025, se han denunciado 62,171 casos en todo el país, una cifra que evidencia la persistencia del problema.
El panorama geográfico del delito muestra una clara concentración en el centro del país. Tres entidades federativas suman el 44% de todos los casos reportados durante el actual sexenio. La Ciudad de México (CDMX) encabeza la lista con 11,743 denuncias, seguida por el Estado de México (Edomex) con 9,189 y Jalisco con 6,309. Estos datos son cruciales para entender el mapa de la delincuencia de cuello blanco en México.
No obstante, al analizar la tasa de fraudes por cada millón de habitantes, las entidades con mayor incidencia son Baja California Sur (BCS), con una tasa de 1,391, la Ciudad de México con 1,275, y Aguascalientes con 1,174. Estas cifras relativas ofrecen una perspectiva más profunda sobre la vulnerabilidad de la población en cada región.
El informe de TResearch también sitúa el problema en un contexto histórico. La serie histórica de 2015 a 2025 revela una tendencia ascendente en el número de denuncias. El delito de fraude alcanzó un pico máximo en 2023, con 114,458 casos denunciados, mostrando un crecimiento constante desde los 59,416 casos registrados en 2015. Esta escalada histórica presenta un reto de gran magnitud para las políticas públicas de seguridad y justicia.
La lucha contra el fraude es compleja y multifacética. A lo largo del sexenio, las autoridades enfrentan el desafío de desarticular redes criminales que operan con sofisticación, tanto en el mundo digital como en el físico. La baja de denuncias en julio, aunque modesta, podría ser el resultado de un esfuerzo coordinado, pero la gran cantidad de casos acumulados subraya que el camino es largo y que se necesita una estrategia integral y sostenida. Las cifras son un recordatorio constante de que la confianza y el patrimonio de los mexicanos están en riesgo, haciendo de este un tema prioritario en la agenda de la administración en turno y para la sociedad en general.
