El patrimonio de los mexicanos enfrenta un desafío creciente. En lo que va del actual sexenio, México ha acumulado un total de 100,264 denuncias por fraude, una cifra que, aunque muestra una ligera tendencia a la baja del 12% respecto al cierre de 2024, mantiene encendidas las alertas en las principales zonas económicas del país. Tan solo en noviembre de 2025, se reportaron 8,573 casos, lo que evidencia que el engaño sigue siendo una herramienta predilecta para la delincuencia.
La geografía de este delito no es aleatoria; se concentra donde el dinero y la actividad política fluyen con mayor intensidad. La Ciudad de México (19,897 casos), el Estado de México (15,007) y Jalisco (9,879) concentran, por sí solos, el 45% de todos los fraudes registrados en el periodo. Esta centralización refleja cómo las urbes con mayor densidad poblacional se han convertido en el «caldo de cultivo» ideal para estafadores que aprovechan tanto métodos tradicionales como sofisticadas plataformas digitales.
Sin embargo, al analizar las tasas por cada millón de habitantes, el panorama cambia y revela focos rojos en entidades con menor población pero mayor vulnerabilidad. La Ciudad de México lidera con 2,160 denuncias por millón, seguida muy de cerca por Baja California Sur (2,158) y Colima (1,782). Estas cifras superan con creces el promedio nacional de 790, lo que sugiere que la efectividad del sistema de justicia y la prevención del delito en estas regiones está bajo una presión desmedida.
Históricamente, el fraude en México ha experimentado una montaña rusa. De los 59,416 casos registrados en 2015, el país alcanzó un pico histórico de 114,458 en 2023. Aunque los datos de 2025 muestran una «señal de corrección» hacia los 100 mil casos, los analistas advierten que los niveles siguen siendo sumamente altos comparados con la década pasada. Este ajuste a la baja podría interpretarse como un avance, pero para el ciudadano promedio, el riesgo de ser víctima de una estafa —ya sea inmobiliaria, financiera o cibernética— sigue siendo una preocupación latente en su día a día.
En el contexto político, estas cifras ponen a prueba las estrategias de seguridad de la actual administración. Mientras los delitos de alto impacto como el homicidio muestran reducciones más pronunciadas en el discurso oficial, el fraude, un delito que golpea directamente el bolsillo y la confianza ciudadana, persiste como una tarea pendiente que requiere más que solo vigilancia: demanda inteligencia financiera y una cultura de denuncia que venza a la impunidad.
