La impunidad en México, un fenómeno de larga data y hondas raíces, ha mutado de ser una preocupación social generalizada a un problema con una marcada dimensión política. Si bien tradicionalmente se ha asociado a la ineficacia del sistema de justicia en la persecución de delitos comunes, en la actualidad, su rostro más visible se encuentra en la esfera del poder público, particularmente en los círculos del partido en el gobierno. Este análisis se adentra en las dinámicas que permiten a figuras políticas evadir las consecuencias de sus actos, minando la confianza ciudadana y distorsionando el principio de igualdad ante la ley.
Impunidad delictiva
La impunidad, entendida como la ausencia de sanción frente a una acción ilegal, se nutre de diversos factores en el ámbito político. Uno de los más relevantes es la instrumentalización de las instituciones de justicia. Estudios de organizaciones como Impunidad Cero y México Evalúa han documentado cómo la presión política y mediática influye en el esclarecimiento de los delitos, una percepción que el 77% de los mexicanos comparte. En este contexto, fiscalías y ministerios públicos, que deberían actuar con autonomía, se perciben a menudo como operadores políticos. Esta falta de independencia se traduce en la apertura o el cierre de investigaciones en función de lealtades partidistas o intereses de élite, creando un escudo protector para los allegados al poder.
La impunidad en México sigue siendo un cáncer que corroe la confianza en las instituciones y perpetúa un sistema donde las leyes parecen aplicarse selectivamente, especialmente para los políticos, y más aún para aquellos del partido en el poder. Según el Índice Global de Impunidad México 2022, la impunidad afecta al 93.63% de los casos denunciados, con una cifra negra de delitos no denunciados que supera el 90%. Este panorama, lejos de mejorar, se agrava cuando los actores políticos, amparados por el fuero o por pactos políticos, evaden responsabilidades y exhiben estilos de vida que contrastan con el discurso de austeridad que promueven.
La debilidad institucional agrava el problema. México Evalúa reporta que solo 7 de cada 100 casos en fiscalías estatales se resuelven, y en el ámbito federal, la impunidad alcanza el 95.5%. La falta de recursos, capacitación y voluntad política para fortalecer fiscalías y el Poder Judicial permite que delitos graves, desde violencia política hasta corrupción, queden sin castigo. Esto no solo inhibe las denuncias ciudadanas, sino que fomenta un ambiente donde los políticos actúan con descaro, sabiendo que el sistema los protegerá.
Impunidad de los políticos
Un segundo pilar de esta impunidad política es la ostentación de un estilo de vida que contrasta con el discurso de austeridad. La falta de transparencia en el origen de los recursos con los que se financian bienes suntuarios o campañas políticas se convierte en un síntoma de un problema más profundo. Los casos de sobornos, desvíos de recursos y uso de empresas «fantasma» para la asignación de contratos, han sido señalados en múltiples ocasiones, pero rara vez han desembocado en consecuencias legales. Esta dinámica no solo perpetúa la corrupción, sino que también genera una profunda frustración social, al evidenciar que las reglas no aplican de la misma forma para todos. La percepción de que el poder es sinónimo de inmunidad se arraiga y debilita el tejido democrático.
El fenómeno se agrava cuando la impunidad se normaliza, no solo entre los servidores públicos, sino en la clase política en su conjunto. La falta de rendición de cuentas de los legisladores, la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la ausencia de sanciones ejemplares han convertido al engranaje de la corrupción en una pieza central del sistema. A diferencia de lo que se podría pensar, la alternancia en el poder no ha erradicado el problema, sino que en ocasiones lo ha adaptado, demostrando que la impunidad es un problema sistémico que trasciende los colores partidistas. El desafío, por tanto, no se limita a señalar a un grupo en particular, sino a desmantelar las estructuras institucionales que lo permiten.
Un caso reciente que ha encendido las redes sociales es el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, cuya estancia en un lujoso hotel en Tokio, con costos de 177 mil pesos solo por hospedaje, desató críticas por la incongruencia con el discurso de «justa medianía». Usuarios en X señalan que los ingresos declarados de funcionarios de Morena difícilmente justificarían tales gastos, alimentando sospechas de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la falta de investigaciones efectivas y la protección del fuero político refuerzan la percepción de intocabilidad.
El fuero, concebido para proteger la libertad de expresión de legisladores, se ha convertido en un escudo para evadir la justicia. Ejemplos como el de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, quien evitó un proceso por presuntas irregularidades gracias al respaldo de Morena y el PRI en la Cámara de Diputados, ilustran cómo los pactos políticos perpetúan la impunidad. Este fenómeno no es exclusivo de un partido, pero la hegemonía de Morena ha intensificado las críticas, pues su narrativa anticorrupción choca con casos de desvíos millonarios, como los de Segalmex o la Línea 12 del Metro, que siguen sin responsables claros.
La ciudadanía, por su parte, percibe este panorama con una mezcla de apatía y escepticismo. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI revela que un alto porcentaje de delitos no se denuncian, en gran parte por la desconfianza en las autoridades. Si la impunidad en delitos comunes ya es un desincentivo para la denuncia, la falta de consecuencias para los poderosos envía un mensaje aún más desalentador: el sistema de justicia está roto y no garantiza la igualdad. El combate a la impunidad requiere de una voluntad política genuina que no solo se prometa, sino que se demuestre con acciones concretas, fortaleciendo la autonomía de las fiscalías, garantizando la transparencia y promoviendo una verdadera rendición de cuentas. Solo así, la ley dejará de ser una herramienta al servicio del poder y se convertirá en un pilar de la justicia.
Combatir la impunidad requiere reformas profundas: eliminar el fuero, fortalecer la autonomía judicial y garantizar transparencia en los ingresos de los funcionarios. Sin embargo, la resistencia de los «grupos de interés» dentro del propio sistema político, como señala el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, complica estos avances. Mientras la impunidad persista, la brecha entre el discurso oficial y la realidad seguirá alimentando la desconfianza ciudadana, perpetuando un ciclo de injusticia que beneficia a los poderosos.
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