La revelación de nuevos vínculos comerciales entre la red conocida como «El Clan» —integrada por amigos y allegados de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador— y proyectos ferroviarios ha generado un debate intenso sobre la persistencia de prácticas clientelares en México. Según investigaciones periodísticas divulgadas por Latinus a inicios de 2026, esta red, encabezada por Andrés (Andy) y Gonzalo (Bobby) López Beltrán, mantiene operaciones en el suministro de balasto para vías férreas, extendiéndose ahora a los trenes anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este escenario contrasta con las promesas del sexenio anterior de erradicar el amiguismo y la corrupción, lo que invita a cuestionar la continuidad de patrones en la administración pública.
Los documentos y audios expuestos muestran que Amílcar Olán, identificado como operador cercano a los López Beltrán, obtuvo contratos millonarios para proveer balasto al Tren Interoceánico durante el cierre del mandato de López Obrador. En enero de 2024, se concretó un acuerdo por 47.6 millones de pesos con el Grupo Ferrocarrilero del Sureste, vinculado a constructoras como Mota-Engil, favorecida en obras emblemáticas de la llamada Cuarta Transformación. Las grabaciones revelan esquemas de ganancias no solo por la venta de material, sino por su transporte, con precios inflados por kilómetro. Esta operación replicó el modelo del Tren Maya, donde «El Clan» ya había sido señalado por tráfico de influencias. Ahora, en 2026, el balasto de esta red se utiliza en las nuevas líneas ferroviarias promovidas por Sheinbaum, como la extensión del Interoceánico y otros proyectos de conectividad regional, con un costo total que se disparó de 20 mil a 62 mil millones de pesos en etapas previas.
No hay un caso grave de corrupción en México que no tenga el apellido López Obrador. “El Clan” está haciendo negocio con los trenes que anunció la presidenta Sheinbaum. @latinus_us tuvo acceso a correos electrónicos y grabaciones.
Será por eso que la presidenta los defiende… pic.twitter.com/7gjL6tNOtF— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 20, 2026
Opositores y analistas independientes argumentan que estos hechos evidencian un fracaso en la rendición de cuentas. Figuras del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional han exigido investigaciones independientes, destacando que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre de 2025, con 14 fallecidos y más de 90 heridos, podría ligarse a materiales deficientes suministrados por esta red. Periodistas como Carlos Loret de Mola subrayan que la supervisión «honorífica» de Bobby López Beltrán en la obra, admitida por el propio expresidente, representa un conflicto de interés que pone en riesgo la seguridad pública y erosiona la confianza en las instituciones. Esta postura resalta la ironía: un gobierno que se autodenominó anticorrupción parece tolerar redes familiares en contratos públicos, perpetuando desigualdades y opacidad.
Por otro lado, defensores del oficialismo, incluyendo voces cercanas a Morena y la presidenta Sheinbaum, rechazan las acusaciones como ataques mediáticos orquestados por la oposición. Argumentan que no hay pruebas concluyentes de irregularidades y que las revelaciones de Latinus responden a intereses partidistas. López Obrador, desde su retiro, ha calificado estas denuncias como «calumnias» destinadas a desestabilizar el legado de su administración, enfatizando que sus hijos no ocupan cargos públicos y que los proyectos ferroviarios benefician al desarrollo nacional. Sheinbaum ha evitado profundizar en el tema, priorizando la continuidad de las obras como motor económico, aunque ha prometido mayor transparencia en licitaciones futuras.
Este caso polariza el debate público: por un lado, aviva demandas de responsabilidad institucional y auditorías exhaustivas; por el otro, refuerza narrativas de persecución política. La ausencia de investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Función Pública alimenta especulaciones sobre proteccionismo, especialmente ante la defensa férrea del expresidente. En un contexto de crecientes desigualdades, estos elementos invitan a la polémica sobre si el cambio prometido fue real o solo retórico, urgiendo un escrutinio imparcial para restaurar la credibilidad en las políticas públicas.
