En los últimos años, el acoso sexual ha emergido como uno de los temas más sensibles y preocupantes dentro del panorama de seguridad pública en México. Datos recientes presentados por TResearch en su informe basado en cifras históricas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan una tendencia alarmante: este delito no solo está aumentando, sino que también evidencia desafíos estructurales en la prevención y atención.
Según el reporte, en febrero de 2025 se registraron 971 denuncias por acoso sexual, lo que representa un incremento del 8% con respecto al mismo mes en 2024. Este repunte es parte de un patrón anual creciente desde 2015, con picos significativos en 2022 y 2023, y cifras elevadas en 2024. Durante el actual sexenio de Claudia Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024, ya se han contabilizado 1,809 casos de acoso sexual a nivel nacional, consolidando este problema como una prioridad urgente en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.
La concentración regional del delito es otro aspecto preocupante. Los estados de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Querétaro concentran el 51% de todas las denuncias por acoso sexual desde el inicio del gobierno de Sheinbaum. Esto refleja no solo una disparidad geográfica, sino también posibles deficiencias en políticas públicas específicas para abordar esta problemática en estas áreas.
Además, cuando se analizan las cifras relativas —es decir, el número de denuncias por cada millón de habitantes—, los estados que encabezan la lista son Querétaro, Baja California Sur y nuevamente el Estado de México. Estos datos sugieren que, aunque algunos territorios tienen menor población total, enfrentan tasas desproporcionadamente altas de acoso sexual, lo que podría indicar contextos sociales o culturales que perpetúan conductas inapropiadas hacia las mujeres y otros grupos vulnerables.
Es importante destacar que el aumento en el número de denuncias no necesariamente implica un aumento directo en los casos ocurridos, sino que puede reflejar una mayor confianza de las víctimas en las instituciones para reportar estos crímenes. Sin embargo, este fenómeno plantea preguntas fundamentales sobre la efectividad de las respuestas judiciales y policiales. ¿Son suficientes los mecanismos existentes para proteger a las víctimas? ¿Existen sanciones adecuadas que inhiban a los perpetradores?
Otro dato relevante del informe es la variación interanual entre 2024 y 2025. En algunas entidades federativas, como Aguascalientes y Quintana Roo, los casos han disminuido ligeramente; sin embargo, en otras, como Baja California Sur y el Estado de México, se observa un notable incremento. Esta disparidad subraya la necesidad de estrategias regionales adaptadas a las particularidades de cada estado, en lugar de soluciones generalizadas que podrían no ser efectivas en todos los contextos.
La gravedad del acoso sexual en México no radica únicamente en los números, sino también en las consecuencias emocionales, psicológicas y sociales que tiene para sus víctimas. A menudo invisible pero profundamente dañino, este delito tiende a perpetuar ciclos de violencia de género, discriminación y desigualdad. Además, pone en evidencia fallas sistémicas en la educación, la cultura y las normas sociales, donde todavía persisten comportamientos machistas y tolerancia hacia actitudes depredadoras.
Frente a este escenario, resulta imperativo redoblar los esfuerzos para combatir el acoso sexual. Las autoridades deben fortalecer campañas de concientización, mejorar los canales de denuncia y garantizar que quienes reporten estos hechos sean tratados con respeto y empatía. Asimismo, es fundamental implementar programas educativos que promuevan valores de igualdad y respeto desde edades tempranas.
México enfrenta un reto mayúsculo en la lucha contra el acoso sexual, pero también tiene la oportunidad de transformarlo en un punto de inflexión hacia una sociedad más justa y equitativa. La magnitud del problema exige compromisos firmes y acciones coordinadas entre gobierno, sociedad civil y organismos internacionales. Solo así será posible revertir esta tendencia alarmante y construir un país seguro para todas y todos.
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