El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta para incorporar pruebas de ADN como parte del proceso biométrico dentro de trámites migratorios, un cambio que, de aprobarse, transformaría la forma en la que el gobierno verifica identidades y vínculos familiares. La medida, basada en facultades ya contempladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad para recopilar datos biométricos, ampliaría las herramientas disponibles más allá de huellas, fotos y firmas, incluyendo ahora información genética.
Aunque no se trata aún de una regla final, esta iniciativa genera amplia atención. El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., destacó que el anuncio “marca un incremento relevante en los mecanismos de identificación”, señalando que la discusión pública será clave para determinar su alcance y aplicación.
De fondo, el DHS argumenta que esta política permitiría fortalecer la precisión de los registros y reducir riesgos de suplantación o fraude en procesos de inmigración, algo que históricamente ha sido prioridad de las autoridades migratorias. Sin embargo, el carácter íntimo del ADN introduce inquietudes adicionales, debido a que contiene información biológica única que puede revelar identidad, origen familiar y predisposiciones genéticas.
Alcance de la medida y preocupaciones sobre privacidad y datos genéticos
Actualmente, la propuesta contempla que los requerimientos podrían aplicarse a solicitantes de beneficios migratorios y a personas asociadas a sus solicitudes, independientemente de la edad. Esto incluye peticionarios familiares, dependientes, residentes permanentes en proceso de renovación, titulares de visas temporales e incluso menores de edad en trámites migratorios, lo que representa una expansión sensible en la interacción entre inmigración y datos personales.
“Es fundamental entender que la propuesta no está aprobada y se encuentra en revisión pública. Los comentarios oficiales y la transparencia en el proceso contribuirán a definir si esta medida es viable y proporcional dentro del marco legal actual”, indicó el abogado Quiroga. La regla permanecerá abierta a comentarios hasta el 2 de enero de 2026, un periodo donde individuos y organizaciones pueden presentar observaciones formales.
Desde ya hay preocupación respecto a la custodia, uso y posible intercambio de datos genéticos, particularmente considerando los avances tecnológicos y el creciente rol de bases de datos gubernamentales. Si bien el DHS asegura que la intención se limita a verificación de identidad, el debate sobre usos secundarios y garantías de privacidad continúa abierto y es central en este proceso.
Niños y datos genéticos: el punto más sensible de la propuesta del DHS
Un aspecto clave es la inclusión de menores de edad, lo cual ha generado preguntas sobre consentimiento, protección de información infantil y la posibilidad de que datos familiares queden vinculados a bases federales sin una necesidad inmediata demostrada. Este enfoque representa un cambio notable respecto a la práctica histórica, donde los datos biométricos infantiles tenían excepciones más amplias.
“En términos jurídicos, la propuesta se enmarca en las facultades que la Ley de Inmigración y Nacionalidad concede al Ejecutivo para recopilar información necesaria en procesos migratorios. No obstante, la interpretación y alcance de este poder en relación con ADN podrían abrir discusiones legales más profundas si la medida avanza en su forma actual”, puntualizó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
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