Pues resulta que el comandante Daniel Ortega, el eterno inquilino de la Casa de los Pueblos en Managua, se cansó de fingir. El 19 de julio, en pleno festejo del aniversario de su revolución, soltó la frase que todos sabíamos que venía: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno”. Y punto. Nada de vueltas, nada de maquillaje. El hombre decidió que el voto es un lujo innecesario cuando uno ya se instaló con su esposa Rosario Murillo como copresidenta vitalicia y con la Asamblea Nacional convertida en notaría particular.
La OEA, esa institución que a veces parece más club de amigos que organismo de defensa democrática, se movió. Convocó de urgencia a una reunión de cancilleres para ver qué se hace con este nuevo capítulo de la novela sandinista. Veintinueve países dijeron “sí, hay que hablar”. Brasil, con Lula al frente, votó en contra. Y México… se abstuvo. Como siempre, la abstención de los buenos vecinos que no se meten en líos ajenos, aunque el lío sea que un pueblo entero se quede sin derecho a elegir.
El embajador Alejandro Encinas explicó que la crisis nicaragüense es “política y de derechos humanos”, no una amenaza a la seguridad hemisférica, y que no conviene abrir la puerta a medidas que puedan complicar más las cosas. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, se ha mantenido en la línea de siempre: autodeterminación de los pueblos y respeto a la soberanía. Cuando le preguntaron por las amenazas de Ortega, respondió con el manual de la no intervención. Democracia sí, pero sin meter las manos donde no nos llaman.
Uno entiende el principio. México no es el policía del continente y ya tiene suficientes problemas caseros. Pero también hay que decirlo sin rodeos: cuando un gobernante anuncia a los cuatro vientos que va a cancelar las elecciones para que la oposición no se le acerque, y el vecino más grande de la región prefiere mirar para otro lado, el mensaje que llega a Managua es claro. “Sigan nomás, aquí no se les va a regañar”.
Mientras tanto, en Nicaragua ya preparan la reforma constitucional para septiembre: mandato de siete años renovables y muro legal contra cualquiera que huela a disidencia. Los opositores, los que quedan, están en el exilio o en la cárcel. Y el pueblo, el de a pie, el que algún día creyó que la revolución traería pan y dignidad, se queda otra vez sin urna donde meter el voto.
La OEA va a reunir a sus cancilleres. Habrá discursos, comunicados y, probablemente, más condenas de papel. Brasil dirá que no se meta nadie. México seguirá defendiendo el diálogo y la no intervención. Y Ortega, desde su trono familiar, seguirá haciendo lo que mejor sabe: quedarse.
Al final, la pregunta que queda flotando no es si hay democracia en Nicaragua. Esa ya se contestó sola. La pregunta es cuánto tiempo más se puede seguir diciendo “no es asunto nuestro” mientras un pueblo entero se queda sin la posibilidad mínima de elegir a sus gobernantes. Porque el silencio, a veces, también es una forma de voto.
