Con bombo y platillo, como si hubieran atrapado al Chapo con tanques de gasolina incluidos, se anunció el decomiso de 59 millones de litros de presunto huachicol en San José Iturbide, Guanajuato. Los propagandistas de Morena no perdieron el tiempo: “¡Miren nomás, en tierra panista! ¡Ya cayó el gran golpe!” Parecía el trofeo perfecto para presumir que el combate al robo de combustible avanza a toda máquina… hasta que la propia Fiscalía General de la República salió a decir que revisará el caso porque el cateo se hizo con “posibles irregularidades”.
Resulta que la empresa dueña de la planta, Gas Natural del Noroeste (del Grupo SIMSA), sacó los papeles y aseguró que todo está en regla: permiso federal vigente desde hace nueve años, autorizaciones ambientales, de seguridad industrial y hasta municipales. Según ellos, el combustible no es suyo, sino de sus clientes, y la documentación ya está en manos de las autoridades para que la revisen. Y lo más llamativo: ni un solo detenido. Ni el velador, ni el de la caseta, ni el que le echa aire a las llantas. El predio estaba vacío cuando llegaron. Como si el “operativo histórico” hubiera sido avisado con anticipación o, en el mejor de los casos, ejecutado con más prisa que cuidado.
La investigación arrancó en julio con una pipa de 33 mil litros de diésel sin trazabilidad en San Luis de la Paz. De ahí saltaron a otras instalaciones y terminaron en la terminal de La Fragua. Suena a trabajo de inteligencia… hasta que se descubre que el “golpe” podría terminar en un tiro por la culata si no se acredita la ilegalidad del producto. Mientras tanto, la planta sigue operando con normalidad, despachando pipas y hasta contratando personal. ¡Qué manera de clausurar!
No se trata de defender a nadie ni de restarle importancia al huachicol, que sigue siendo un cáncer. Pero tampoco de convertir cada cateo en un mitin político. Si el combustible es ilegal, que lo demuestren y caigan los responsables. Si no lo es, entonces el “decomiso histórico” se queda en un show de luces y cámara. Porque al final, lo que queda es la misma pregunta de siempre: ¿quién realmente gana cuando se anuncia con tanto ruido un operativo que después hay que revisar por irregularidades?
Y mientras tanto, el combustible sigue ahí, las dudas también, y los detenidos… ni por asomo.
