Han pasado semanas desde que Guadalupe Taddei entregó su renuncia y la Cámara de Diputados sigue sin sacar la convocatoria para elegir a quien la sustituya. Raúl Bolaños, el presidente de la Mesa Directiva, lo admite sin rodeos: siguen atorados por los desacuerdos entre partidos. Y cuando le preguntan qué pasa si nunca llegan a un acuerdo, responde con esa frase que ya es clásica de la clase política: “La ley no establece un plazo perentorio”. Como si el tiempo no corriera y las elecciones de 2027 fueran un asunto menor.
Incluso se atrevió a plantear que Blanca Cruz podría seguir como presidenta interina. Y sí, ella ya está ahí, puesta por el propio Consejo General para que el instituto no se quede sin cabeza. Pero ojo: el periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre. Después de esa fecha, los diputados se van a su receso y el asunto puede quedar en el congelador hasta febrero, o más. Mientras tanto, las campañas de 2027 se acercan con más de 20 mil cargos en disputa. ¿Va a organizar el INE esa elección con una presidencia provisional y con el presupuesto recortado en 6 mil millones de pesos? Porque sí, se lo bajaron de un plumazo en el Presupuesto de Egresos.
Lo irónico es que el mismo Congreso que debe nombrar al árbitro es el que le quita recursos y luego se queda discutiendo quién debe sentarse en la silla. Los partidos se tiran con todo: unos piden transparencia y perfiles independientes, otros quieren que la convocatoria se limite a mujeres, y en medio está el reloj que no perdona. Bolaños confía en que habrá consenso, pero de momento solo hay reuniones, declaraciones y el típico “estamos negociando”.
Uno entiende que elegir al presidente del INE no es cosa de cinco minutos. Se necesita mayoría calificada, comité de evaluación, convocatoria pública y todo el ritual. Pero cuando la ley no pone fecha límite, la tentación de alargar el trámite se vuelve casi irresistible. Y mientras tanto, el organismo que debería dar certeza electoral opera con un interinato y con menos dinero del que necesitaba.
Si los legisladores no se ponen de acuerdo antes de que cierre el periodo, el país entrará en 2027 con un árbitro a medias. Y no es que Blanca Cruz no pueda sacar el trabajo adelante; el problema es el mensaje: otra vez la política partidista por encima de la institucionalidad. Como dicen por ahí, mientras el río suena, las piedras se están moviendo… o se están quedando atascadas en San Lázaro.
Al final, la pregunta no es solo si llegarán a un acuerdo. Es si el INE va a llegar a las elecciones más grandes de su historia con la autoridad y los recursos que se merecen. Porque de tanto negociar, se les puede pasar el tren. Y eso sí que sería un desastre de tomo y lomo.
