La destitución de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ocurrida el 13 de febrero de 2026, ha transformado una decisión administrativa en un espectáculo de confrontaciones ideológicas y acusaciones mutuas. Este episodio, calificado por algunos observadores como un «teatro del absurdo», resalta tensiones internas en el gobierno federal respecto al rumbo de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos, diseñados durante la administración anterior. Arriaga, un defensor acérrimo de estos materiales, fue removido en medio de un intento de desalojo que incluyó la presencia de policías, lo que él denunció como un acto de violencia institucional. La SEP, por su parte, argumentó que el cargo cambió a modalidad de libre designación, un procedimiento legal para renovar nombramientos.
Desde la perspectiva oficial, el secretario de Educación, Mario Delgado, explicó que la salida obedeció a discrepancias sobre la actualización de los contenidos educativos. Delgado reveló que se le ofrecieron alternativas a Arriaga, como un cambio de área interna o un puesto diplomático en América Latina, opciones que el exfuncionario rechazó. En declaraciones públicas, Delgado enfatizó que el desacuerdo radicaba en la negativa de Arriaga a modificar siquiera «una coma» en los libros, argumentando que tales cambios atentaban contra el legado del lopezobradorismo. Esta narrativa posiciona la destitución como una medida para alinear la política educativa con las prioridades actuales, sin alterar el núcleo del modelo implementado desde 2018.
Por otro lado, Arriaga ha caracterizado su remoción como un «atentado al proyecto de nación», acusando a la subsecretaria Noemí Juárez y al propio Delgado de traicionar los principios de la Cuarta Transformación. En una transmisión ininterrumpida de 24 horas desde las oficinas de la SEP, llamó a una «rebelión magisterial» y solicitó ser recordado como el creador de los libros de texto bajo el humanismo mexicano. Anunció planes para recorrer el país defendiendo estos materiales, que él presenta como herramientas para fomentar el pensamiento crítico y la conciencia social. Sin embargo, críticos como el Consejo Nacional de Nueva Derecha exigen una revisión exhaustiva, alegando que los libros contienen un sesgo ideológico marxista y promueven propaganda política en detrimento de contenidos científicos y neutrales. Diputados de oposición, como Francisco Sánchez Villegas de Movimiento Ciudadano, han señalado que estos textos eliminan elementos clave como la lectura y las ciencias, priorizando una narrativa partidista.
Este incidente expone divisiones en el oficialismo: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que los libros no cambiarán, el despido sugiere ajustes sutiles para mitigar controversias. Elementos polémicos incluyen el video del desalojo, donde Arriaga pide ser esposado para «marcar la historia», y acusaciones de que se ordenó retirar referencias a la Guerra Sucia, lo que aviva debates sobre censura histórica. Opositores ven en esto una oportunidad para cuestionar la responsabilidad en la gestión educativa, argumentando que prioriza lealtades ideológicas sobre calidad pedagógica. En contraste, simpatizantes de Arriaga lo retratan como mártir de un proyecto transformador, ignorando críticas sobre errores factuales en los textos.
Este conflicto ilustra cómo las políticas educativas se convierten en arenas de batalla ideológica, distrayendo de reformas urgentes como la mejora en cobertura y equidad. La efectividad de la Nueva Escuela Mexicana dependerá de resolver estas pugnas internas, pero el episodio actual genera dudas sobre la cohesión gubernamental y el futuro de la educación pública en México.
