El tema de las desapariciones en México ha provocado un duelo de versiones. Por un lado está el gobierno que defiende, como sucede en otros temas, su versión de los hechos y las cifras que tiene; pero por otro, tenemos los datos que ofrecen periodistas, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, mismos que ofrecen un panorama completamente distinto al oficial.
Las principales diferencias entre los datos oficiales y los registros de prensa y de organizaciones sociales radican en la magnitud de las cifras, la velocidad de documentación y la consistencia de la información sobre hallazgos de fosas y personas desaparecidas en México.
Las fuentes detallan las siguientes distinciones clave:
1. Captura y temporalidad de la información
- Termómetro alterno: Los registros de prensa funcionan como un «termómetro alterno» que permite capturar hallazgos de fosas clandestinas que suelen tardar mucho tiempo en aparecer en los registros oficiales o que, en ocasiones, nunca son incluidos en ellos.
- Visibilidad de hallazgos: Mientras que las instituciones oficiales dependen de procesos burocráticos y legales para registrar un evento, la labor periodística y de la sociedad civil documenta la realidad diaria en el territorio, llenando los vacíos que dejan las autoridades.
2. Discrepancias en las cifras y tendencias
- Diferencias de magnitud: Existe una brecha significativa entre las fuentes. Por ejemplo, en 2024, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) reportó apenas 18 fosas, los medios de comunicación localizaron 585 hallazgos.
- Alineación con fiscalías locales: Los registros de prensa tienden a acompañar mejor la tendencia de crecimiento reportada por las fiscalías estatales, evidenciando una desconexión entre lo que ocurre en los estados y lo que la federación (FGR) reconoce.
- Casos específicos de subregistro oficial:
- En Guanajuato (2023-2024), la prensa reportó 91 fosas, mientras que la fiscalía local solo reconoció 39.
- En Quintana Roo (2006-2024), los medios documentaron 27 fosas con 61 cuerpos, contrastando drásticamente con la FGR, que solo reportó 2 fosas, y la fiscalía local, que reportó 3 fosas con 6 cuerpos.
3. Naturaleza y origen de los datos
- Datos oficiales (RNPDNO/Fiscalías): Estos registros dependen de que alguien reporte la desaparición y de que la autoridad decida incluir esa información en sus bases de datos, lo cual no siempre sucede por falta de confianza o temor a represalias. Además, el gobierno a menudo condiciona la validez de una desaparición a la existencia de una carpeta de investigación, lo que organizaciones civiles consideran una distorsión de la realidad dado el alto índice de delitos no denunciados.
- Registros de prensa: Se basan en el monitoreo constante de notas periodísticas y la documentación de colectivos de búsqueda, lo que permite observar el panorama forense desde una perspectiva ciudadana y menos sujeta a la voluntad política de transparencia de las instituciones.
En conclusión, los registros de prensa son fundamentales para contrastar la información oficial y evidenciar los «huecos» en los datos estatales y federales, los cuales frecuentemente presentan inconsistencias graves o son retirados del escrutinio público sin explicación.
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Las críticas
Las críticas sobre el censo y la clasificación oficial de personas desaparecidas en México se centran en la falta de transparencia, la subestimación de las cifras y una metodología que revictimiza a los familiares al minimizar la crisis.
Las principales críticas documentadas en las fuentes son:
1. Subregistro y distorsión de la realidad
- Brecha con estimaciones ciudadanas: La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) estima que el número real de desapariciones es aproximadamente 2.7 veces mayor de lo que registra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
- Cifra negra ignorada: Las organizaciones civiles critican que el gobierno condicione el registro y la búsqueda a la existencia de una carpeta de investigación, lo cual distorsiona la realidad en un país donde el 93% de los delitos no se denuncian. Esto es visto como un intento de minimizar la crisis para evadir obligaciones de búsqueda.
2. Errores graves en la clasificación («Reclasificación»)
- Categorías «ofensivas» e «incoherentes»: Se critica el uso de categorías como «con indicios» o «actividades posteriores» (como matrimonios o altas en el SAT) para sugerir que una persona no está desaparecida. Activistas señalan que esto es peligroso y ofensivo, ya que no considera posibles homónimos o suplantación de identidad.
- Casos mal clasificados: Se han detectado al menos 269 casos de clasificación errónea en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Personas que siguen desaparecidas, como el profesor Antonio Díaz Valencia o los hijos de la buscadora María Herrera, han aparecido en registros oficiales como «ubicadas» o con «denuncia no confirmada».
- Inconsistencia legal: Expertos señalan que las nuevas categorías del censo son «absurdas» y no están contempladas en la Ley General de Víctimas ni en el Protocolo Homologado de Búsqueda.
3. Opacidad y manejo de los datos
- Nombres eliminados: A través de la plataforma «Volver a Desaparecer», se identificaron 10,953 nombres que dejaron de estar en el registro oficial tras la implementación de la estrategia de búsqueda generalizada.
- Retiro de información pública: En 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda retiró sin explicación el «Mapa de hallazgos de fosas clandestinas». Además, se critica que el RNPDNO ya no permita descargar tablas individuales ni la versión pública detallada de los datos.
- Inconsistencias en la FGR: Las cifras de la Fiscalía General de la República carecen de consistencia interna; por ejemplo, entre 2023 y 2024, la cifra de fosas reportadas para el año 2014 pasó de 101 a solo 8.
4. Negación de la responsabilidad del Estado
- Desaparición forzada: Organizaciones rechazan la postura oficial de que en México ya no hay desaparición forzada cometida por el Estado. Critican que esta narrativa reduce el fenómeno exclusivamente al crimen organizado, borrando la participación directa o por omisión de agentes estatales.
5. Calidad deficiente de los registros
- Datos incompletos: El propio gobierno reconoce que 36% de los registros (46,742 casos) tienen datos incompletos o insuficientes, como la falta de nombre, sexo o contexto de la desaparición, lo que imposibilita la búsqueda efectiva.
- Falta de variables críticas: Menos del 5% de los registros documentan la pertenencia a grupos vulnerables (indígenas, periodistas, etc.) y apenas el 2% incluye un medio de contacto para los familiares que reportan.
