El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos está teniendo un impacto directo en la construcción. Según cifras del Urban Institute, mientras la población de hogares creció un 13 % entre 2010 y 2023, la cantidad de viviendas solo aumentó un 10 %, reflejando un déficit estructural que se profundiza ante la escasez de trabajadores.
“La construcción en Estados Unidos depende en gran medida de la mano de obra inmigrante y cualquier reducción significativa genera retrasos y costos más altos”, explicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.
Datos del Hispanic Construction Council indican que entre 700 mil y 900 mil trabajadores indocumentados ocupan puestos esenciales, desde carpintería estructural hasta techado. “Estas personas no solo llenan vacíos laborales, sino que son piezas clave para mantener la capacidad productiva de la industria”, agregó el abogado Quiroga.
La escasez de mano de obra, el aumento de los costos laborales y dificultades en la cadena de suministro ya están afectando seriamente la construcción de viviendas. Estudios indican que cada año se dejan de construir alrededor de 19 mil unidades debido a la falta de trabajadores, generando pérdidas económicas superiores a 10 mil millones de dólares, lo que profundiza la crisis de déficit habitacional en el país e impacta en los precios de viviendas y alquileres.
Actualmente, el monto promedio de una propiedad nueva alcanza entre 440 mil y 450 mil dólares, lo que exige ingresos anuales cercanos a 86 mil dólares para adquirir una casa básica, cifras fuera del alcance de millones de familias.
No solo los trabajadores se ven afectados. Las empresas de construcción propiedad de hispanos, más de 95 mil en todo el país, generan 779 mil millones de dólares anuales y emplean a casi 4 millones de personas. La pérdida de trabajadores inmigrantes, por lo tanto, no solo frena la construcción sino que también pone en riesgo la operación de empresas que sostienen la economía local y regional.
“La industria no solo pierde trabajadores, también enfrenta un efecto acumulativo en costos y tiempos de entrega que golpea directamente a los hogares y a quienes buscan vivienda”, señaló el abogado Quiroga.
Estados con alta proporción de inmigrantes en la fuerza laboral, como California (38,6 %), Texas (36,7 %), Florida (34,2 %) y Nueva York (34,4 %), enfrentan un riesgo extremo de retrasos en vivienda, ya que dependen de cientos de miles de trabajadores extranjeros para sostener la construcción local. Por el contrario, estados del centro y Norte del país, como Montana (2,5 %), Maine (2,4 %) y West Virginia (2,1 %), presentan una presencia mínima y muestran un atraso menor en construcción.
En síntesis, la construcción en Estados Unidos no puede desligarse de la inmigración: la disponibilidad de trabajadores extranjeros es clave para mantener el ritmo de proyectos y controlar los costos de vivienda.
“La evidencia indica que limitar la mano de obra inmigrante tiene consecuencias inmediatas y sostenidas sobre la construcción y la economía en general”, puntualizó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
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