El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 3 de noviembre de 2025, ha sacudido a Michoacán y al país entero. Manzo, un líder local con un discurso frontal contra el crimen organizado, fue ejecutado en un ataque cobarde que expone la fragilidad de las instituciones ante el narco. Horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el hecho como «vil e indignante», pero no tardó en atribuirlo a las raíces de la «guerra contra el narco» iniciada por Felipe Calderón en 2006, precisamente en Michoacán. Este argumento, recurrente en su discurso y el de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señala a los gobiernos panista y priista como culpables perpetuos de la violencia enquistada. Sin embargo, surge una pregunta ineludible: ¿qué ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en seis años de AMLO y los primeros meses de Sheinbaum para desmantelar este legado y prevenir tragedias como la de Manzo?
Para contextualizar, la estrategia de Calderón, desplegada el 11 de diciembre de 2006 en su natal Michoacán, involucró a 6,500 efectivos militares contra los cárteles, respondiendo a un pico de secuestros y extorsiones. Si bien generó un aumento inicial de homicidios —de 8,867 en 2007 a 15,237 en 2011—, también fragmentó estructuras criminales como Los Zetas y el Golfo. Bajo Peña Nieto (2012-2018), la violencia se estabilizó en torno a 25,000-30,000 asesinatos anuales, pero el control territorial de grupos como La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios se consolidó en regiones como Uruapan, epicentro de la producción de aguacate y ruta de precursores químicos para drogas.
La llegada de AMLO en 2018 prometió un giro radical: «abrazos, no balazos», priorizando causas sociales sobre confrontación directa. Se creó la Guardia Nacional (GN), un cuerpo de 130,000 elementos con enfoque en inteligencia y prevención, y se impulsaron programas como Sembrando Vida para atajar la pobreza rural que alimenta al reclutamiento narco. En seguridad, se reportaron logros parciales: los homicidios dolosos bajaron de 36,685 en 2020 (pico pandémico) a 30,523 en 2023, un 17% de reducción. Además, capturas clave como la de Ovidio Guzmán en 2023 debilitaron temporalmente al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, estos avances son insuficientes. El crimen organizado controla el 35% del territorio nacional, según estimaciones de México Evalúa, y Michoacán acumula 1,200 homicidios en 2025, con Uruapan como hotspot de extorsiones a productores agrícolas.
Bajo Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024, la continuidad es evidente pero con matices. En respuesta al asesinato de Manzo, anunció el «Plan Michoacán por la Paz y la Justicia», con tres ejes: inteligencia focalizada, protección a autoridades locales y diálogo con comunidades indígenas y eclesiásticas. Incluye un sistema de alertas tempranas para alcaldes, irónico dado que Manzo había solicitado apoyo federal en múltiples ocasiones, incluyendo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Seguridad, sin respuesta efectiva. Este plan evoca el de Peña Nieto en 2014, con cinco ejes y un comisionado especial, y el de Calderón, ambos criticados por su militarización. Sheinbaum lo desmarca explícitamente, pero la GN —ahora bajo mando militar por decreto de AMLO— sigue operando con 150,000 elementos, lo que contradice su promesa de «paz con justicia social».
Los fracasos son más notorios. La impunidad supera el 95% en delitos de alto impacto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El huachicol, la minería ilegal y el tráfico de fentanilo han proliferado, financiando a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable probable del ataque a Manzo. En X (antes Twitter), la indignación es palpable: usuarios como @azucenau cuestionan por qué se necesitó un asesinato para activar un plan, mientras @ClaudioMercadoR destaca que Manzo pagó con su vida un movimiento anti-narco ignorado por la 4T. Opositores como el senador Luis Donaldo Colosio exigen que Sheinbaum asuma responsabilidades actuales en lugar de revivir culpas pasadas.
En resumen, mientras Sheinbaum apunta al fantasma de Calderón —cuya guerra, sí, exacerbó el caos inicial—, evade el espejo: su gobierno ha invertido 1.2 billones de pesos en seguridad sin revertir el control narco en Michoacán. La pregunta central persiste: ¿cuándo pasaremos de diagnósticos históricos a acciones concretas? Un plan con diálogo es bienvenido, pero sin inteligencia autónoma, desmantelamiento de redes financieras y reformas judiciales, más Manzos caerán. México necesita respuestas, no ecos del ayer.
