Cuidar la neutralidad

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El presidente Peña Nieto tiene una palabra en la boca: populismo. Es el ogro que quiere descabezar y al que dedica todas las municiones disponibles. Se monta en cualquier oportunidad para lanzarse en su contra. Ha aprovechado los compromisos más importantes para denunciar el mal: el populismo es irresponsabilidad, es polarización, es retraso, es devastación institucional. La preocupación empieza a parecer obsesiva. Más que su legado, lo que desvela al Presidente es, al parecer, su sucesor.

Hay una forma concreta de combatir ese mal: honrar los principios de la democracia liberal. Cuidar el delicado equilibrio de sus piezas es la mejor manera de conjurar el peligro. Si Enrique Peña Nieto quiere exorcizar al maligno tiene el deber de velar por la neutralidad efectiva de las instituciones del Estado. Es que el populismo se alimenta de ese argumento: el poder público no lo es. Se presenta como nuestro pero está al servicio de pocos. La convicción central del populista es, en efecto, que las instituciones son de ellos, no nuestras.

Por eso, si el Presidente quiere desarmar a su enemigo debe cuidar lo que lo trasciende: los órganos de la imparcialidad. Hoy tiene sobre la mesa una decisión crucial: proponer dos candidatos a la Suprema Corte de Justicia. Convertir a la Corte en refugio de políticos es regalarle el mejor argumento al populismo. Es alimentarlo con las razones que lo encumbran. Ya lo hizo Peña Nieto con su primer nombramiento. Llevó hasta ese tribunal a un político sin carrera como abogado postulante, sin experiencia judicial ni trayectoria académica. Fue un golpe a la autoridad de una institución donde reside el aplomo constitucional. Las primeras intervenciones del policía-diplomático convertido en juez del supremo han puesto en evidencia no solamente el arcaísmo de sus convicciones sino, lo que es en realidad más preocupante, la ligereza jurídica de sus argumentos. Sumar otros dos nombramientos políticos destruiría no solamente la reputación sino la solvencia de un órgano crucial para la frágil democracia mexicana.

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La decisión que espera en el escritorio del Presidente es de la máxima importancia. No puede exagerarse el impacto que tendrá en la salud de nuestro pluralismo. Si la Corte se convierte, por el perverso acuerdo de los políticos, en otra delegación de los partidos, habrá muerto. Es cierto: la negociación parlamentaria puede dar los votos necesarios para que las transacciones partidistas se impongan. Correspondería al Presidente calibrar la importancia del órgano para elevarse de ese cálculo. El sitio de la Corte entre los poderes, su aportación al diálogo institucional, su responsabilidad en el mantenimiento de los equilibrios, su labor como defensor de los derechos depende de su conformación y, en particular, de su distancia de la política partidista. No es que imagine que los ministros pudieran ser indiferentes a las controversias del día, que fueran técnicos que flotan por encima de las ideas en pugna. Creo, simplemente, que su dimensión política e ideológica debe tomar distancia de la política del día, de las identidades partidistas, de las estrechas lealtades gubernamentales. Los integrantes de cualquier tribunal tendrán, por supuesto, simpatías y predilecciones. Lo que resulta inaceptable es la militancia porque ella subordina la tarea a la causa. Creo que, en esto, es atendible la experiencia norteamericana. Los presidentes podrán ser capaces de darle un sello a la Corte Suprema a través de la postulación de jueces afines a su visión del mundo pero a ninguno se le ocurriría llamar a ese puesto a un compañero de partido.

El tribunal supremo ha de hablar con una voz, con un lenguaje, con una lógica propia. El cuidador de la Constitución ha de precisar el idioma de las normas y ubicar el contorno de los poderes. No es ése un vocabulario que el político de partido pueda improvisar, no es una lógica que un diputado o un senador pueda asumir tras vestirse de negro. Si puede aportar equilibrio es precisamente porque se separa del tráfico de la política ordinaria y del pleito cotidiano de los partidos. Tan importante es cuidar la integridad técnica del Banco de México como la autonomía política de la Suprema Corte de Justicia. Si se pide respeto por el ámbito de la judicatura es porque su función democrática debe escapar de las rutinarias compensaciones de la clase política.

Nombrar a un senador (así tenga licencia) como ministro de la Suprema Corte de Justicia sería otro gravísimo golpe a la última institución del Estado mexicano. Compensar la aberración con un político del otro partido necesario para sumar los votos de la ratificación sería confirmar la componenda. Tendrán razón entonces quienes dicen que las instituciones no son nuestras, son de ellos.


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