Peter Thiel, uno de los dueños de la controvertida empresa Palanthir, cree que la democracia y la libertad son incompatibles y que gracias a la tecnología se puede sabotear a la primera para que avancen propuestas poco populares como la eliminación de los gobiernos o los impuestos.
La idea no es simplemente una excentricidad individual, pero tampoco debe entenderse como un proyecto coherente y lineal con altas probabilidades de materializarse tal como fue formulado. Conviene analizarla en tres planos distintos: el intelectual, el tecnológico y el político-institucional.
1. El plano intelectual: una tradición elitista, no una anomalía
Peter Thiel no es un caso aislado. Su desconfianza hacia la democracia liberal se inscribe en una tradición antigua del pensamiento político que cuestiona la capacidad de las mayorías para tomar decisiones racionales y defender la libertad. Desde Platón hasta ciertas corrientes libertarias contemporáneas, existe la idea de que el gobierno popular tiende a derivar en redistribución forzada, captura por intereses organizados y expansión del Estado.
En ese sentido, la afirmación de que “democracia y libertad son incompatibles” no es descabellada desde el punto de vista teórico; es una postura minoritaria pero bien articulada, especialmente en círculos tecnolibertarios y anarco-capitalistas. Lo excéntrico no es la crítica, sino la confianza en que la tecnología pueda resolver ese “problema” político.
2. El plano tecnológico: capacidad real, pero sin determinismo
Aquí es donde la discusión se vuelve más concreta y más inquietante. Tecnologías como la identificación facial, la biometría, el big data y la inteligencia artificial sí permiten:
Vigilancia masiva de poblaciones.
Segmentación extrema de votantes y manipulación de preferencias.
Disuasión del disenso mediante control predictivo.
Automatización de decisiones administrativas y de seguridad.
Todo esto puede erosionar prácticas democráticas sin necesidad de abolir formalmente elecciones o parlamentos. Sin embargo, la tecnología no tiene una direccionalidad política intrínseca. Las mismas herramientas pueden utilizarse para ampliar derechos (por ejemplo, facilitar el acceso al voto o reducir el fraude) o para restringirlos. El salto de “uso tecnológico” a “sabotaje sistemático de la democracia” no es automático; depende de incentivos políticos, marcos legales y cultura institucional.
3. El plano político-institucional: el verdadero límite
Aquí es donde las tesis más radicales encuentran sus mayores obstáculos. Para que propuestas abiertamente impopulares —como la eliminación de impuestos o del Estado— avancen, no basta con tecnología de control o manipulación. Se requieren:
Coaliciones de poder estables.
Legitimidad mínima ante la población.
Aparatos coercitivos confiables.
Marcos legales o de excepción que sostengan el nuevo orden.
La historia muestra que los regímenes tecnológicamente sofisticados pero carentes de legitimidad suelen ser inestables. Incluso sistemas de vigilancia muy avanzados (China es el ejemplo más citado) no eliminan la necesidad de narrativas, resultados económicos y consenso pasivo. La tecnología puede administrar el poder, pero difícilmente puede fundarlo por sí sola.
4. Identificación biométrica y procesos electorales: el riesgo real
Donde sí existe un riesgo concreto —y creciente— es en la normalización de tecnologías de seguridad dentro de procesos democráticos bajo el argumento de eficiencia o lucha contra el fraude. Esto puede derivar en:
Exclusión de votantes por fallos técnicos o sesgos algorítmicos.
Pérdida del anonimato del voto.
Centralización extrema de datos sensibles.
Dependencia tecnológica de actores privados con intereses propios.
Este escenario no elimina la democracia de golpe, pero sí la transforma gradualmente en una democracia más controlada, menos deliberativa y más administrada, lo que algunos autores denominan postdemocracia o autoritarismo suave.
Conclusión
No estamos ante una idea puramente descabellada ni ante un destino inevitable. Las tesis de Thiel reflejan una corriente intelectual real y encuentran en la tecnología herramientas que antes no existían. Sin embargo, la implementación de un orden abiertamente antidemocrático sigue enfrentando límites sociales, políticos e institucionales muy fuertes.
El peligro no reside tanto en la abolición explícita de la democracia, sino en su vaciamiento progresivo mediante tecnologías que prometen seguridad, eficiencia o neutralidad técnica. Ahí es donde la vigilancia crítica y el diseño institucional siguen siendo decisivos.
