México enfrenta una realidad alarmante que las cifras oficiales comienzan a desmenuzar con crudeza. Durante la actual administración federal, se han contabilizado ya 30,694 casos de abuso sexual, una cifra que pone en jaque las estrategias de seguridad y prevención en diversos puntos del país. Lo más preocupante es la alta concentración del delito: apenas tres entidades federativas —Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México— acumulan el 42% del total de las denuncias registradas en lo que va del sexenio, convirtiéndose en los focos rojos de esta problemática.
De acuerdo con el más reciente reporte de TResearch, basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco encabeza la lista con 5,006 casos registrados, seguido de cerca por el Estado de México con 4,495 y la Ciudad de México con 3,524. Esta tendencia no solo refleja un volumen poblacional alto, sino una incidencia que parece no dar tregua a las autoridades locales y federales.
En un análisis más detallado de los datos de noviembre de 2025, se registraron 2,587 denuncias a nivel nacional. Aunque esto representa una disminución del 9% en comparación con noviembre de 2024, cuando se reportaron 2,841 casos, la cifra sigue siendo un recordatorio constante de la vulnerabilidad que enfrentan miles de ciudadanos. Históricamente, el país ha experimentado picos críticos en años recientes, alcanzando un máximo de 35,916 casos en 2023 y 34,575 en 2024, lo que sugiere que, si bien hay fluctuaciones mensuales, el problema estructural persiste.
La gravedad del asunto se vuelve más evidente al observar las tasas por cada millón de habitantes. En este rubro, Jalisco vuelve a figurar con la tasa más alta del país (600), seguido por Quintana Roo (519) y Baja California Sur (470). Estas cifras contrastan drásticamente con el promedio nacional, que se sitúa en torno a los 242 casos por millón de habitantes, evidenciando que la geografía del abuso sexual en México es sumamente desigual y requiere intervenciones localizadas.
Para los observadores de la política mexicana, estos números son más que simples estadísticas; representan el pulso de la seguridad pública y la eficacia del sistema de justicia. El hecho de que entidades con un alto perfil político y económico lideren las estadísticas de abuso sexual pone bajo la lupa las políticas de género y la protección a las víctimas en estos estados. Mientras algunas entidades muestran ligeros descensos en la variación anual, otras continúan en una escalada que preocupa a las organizaciones civiles y a la opinión pública.
El reto para el actual gobierno y las administraciones estatales es claro: romper con la inercia de las cifras históricas. Con más de 30 mil casos acumulados en el periodo actual, la presión por implementar protocolos de denuncia más eficientes y estrategias de prevención que realmente lleguen a los sectores más vulnerables es mayor que nunca. La transparencia en estos datos es el primer paso para reconocer una crisis que, aunque a veces silenciosa, marca profundamente el tejido social del país.
