El Gobierno Federal de México enfrenta cuestionamientos sobre su liquidez financiera en los primeros meses de 2026, a pesar de las afirmaciones oficiales de una economía robusta. Diversos sectores reportan retrasos en pagos, mientras el Ejecutivo recurre a nuevos endeudamientos para sostener operaciones clave. Este escenario genera debate sobre la sostenibilidad fiscal y la gestión de recursos públicos, con posturas divididas entre defensores del modelo económico actual y críticos que advierten de un posible agotamiento presupuestario.
Entre los casos destacados se encuentran los retrasos en pagos a ex trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), disuelto en 2025. Un grupo de aproximadamente 50 personas bloqueó avenidas en Ciudad de México para exigir indemnizaciones pendientes, acusando a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de incumplir compromisos previos. La CRT ha condicionado los pagos a resoluciones judiciales, argumentando que no hay obligación automática, lo que ha intensificado las protestas y demandas laborales. Similarmente, personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) denunció la falta de salarios correspondientes a enero de 2026, afectando a más de mil diplomáticos en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atribuyó el problema a ajustes administrativos por el inicio del ejercicio fiscal y prometió cubrir los adeudos el 12 de enero, reconociendo impactos en las condiciones laborales.
En el sector energético, Petróleos Mexicanos (Pemex) acumula deudas superiores a 28 mil millones de dólares con proveedores y contratistas. El gobierno implementó un instrumento especial para pagar hasta 29 mil 235 millones de pesos en plazos de hasta ocho años, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum como medida para garantizar inversiones en 2025. Paralelamente, el Ejecutivo ha incrementado la deuda pública, alcanzando el 60.7 por ciento del PIB en el primer año de Sheinbaum, el nivel más alto en seis años, con inyecciones financieras a Pemex que superan los 3 billones de pesos en rescates históricos.
La presidenta Sheinbaum mantiene que la economía nacional es «muy fuerte», citando crecimiento entre 1.5 y 2.3 por ciento, récord en inversión extranjera y un peso estable por debajo de 19 unidades por dólar. Atribuye estos logros al cambio de modelo económico iniciado en la administración anterior, pronosticando un 2026 positivo pese a tensiones externas como aranceles estadounidenses. Defensores del gobierno argumentan que estos retrasos son transitorios, derivados de reestructuraciones institucionales y presiones globales, y que el enfoque en soberanía energética justifica el endeudamiento temporal para Pemex, con planes de reducción al 26 por ciento hacia 2030.
Por el contrario, opositores y analistas independientes ven señales de crisis estructural. Critican la dependencia de deuda para cubrir obligaciones corrientes, cuestionando la transparencia en el manejo de fondos y la efectividad de rescates a Pemex, que no han logrado independencia financiera. Organismos como el FMI han ajustado pronósticos, advirtiendo de riesgos por encarecimiento del fondeo y desaceleración económica. Esta discrepancia invita a polémica: ¿representan estos impagos un síntoma de irresponsabilidad fiscal o meros ajustes en un contexto de transformación? El debate se centra en la necesidad de auditorías independientes para evaluar la distribución presupuestaria y evitar impactos en servicios públicos.
En síntesis, mientras el gobierno proyecta optimismo, los retrasos acumulados generan inquietud sobre la capacidad para cumplir compromisos sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Un monitoreo continuo será clave para discernir si se trata de desafíos coyunturales o de un patrón más profundo.
