La protección de la niñez en México enfrenta un desafío crítico. Durante el año 2025, las denuncias por el delito de corrupción de menores alcanzaron su nivel más alto en la historia reciente, acumulando un total de 2,957 casos. A pesar de una ligera disminución registrada en el último mes del reporte, la tendencia anual muestra un incremento del 5% en comparación con los 2,822 casos reportados en 2024.
Los datos más recientes, correspondientes a noviembre de 2025, revelan que se registraron 190 denuncias a nivel nacional. Aunque esta cifra representa una baja del 22% respecto al mismo mes del año anterior —cuando se contabilizaron 244 incidentes—, el acumulado anual confirma que el problema persiste con fuerza en diversas regiones del país.
El mapa del peligro: tres estados en la mira
La incidencia de este delito no se distribuye de forma equitativa en el territorio nacional. Tres entidades federativas concentran casi la mitad de la problemática: Guanajuato, la Ciudad de México y Nuevo León agrupan el 43% de todos los casos denunciados durante la actual administración.
Guanajuato no solo destaca por su volumen total, sino también por liderar la tasa de incidencia por cada millón de habitantes. Con una tasa de 100 casos por millón, este estado supera por mucho el promedio nacional, que se sitúa en 23. Le siguen en esta preocupante lista Baja California Sur, con una tasa de 98, y Baja California, con 71 casos por cada millón de personas.
Un máximo histórico que enciende alarmas
El análisis de las cifras históricas permite dimensionar la magnitud del problema. Desde 2019, la cifra de denuncias ha mostrado una tendencia irregular pero mayoritariamente al alza. Mientras que en 2020 se registraron 2,443 casos, para 2022 la cifra subió a 2,949. Tras un breve respiro en 2023 y 2024, el cierre de 2025 marca un nuevo pico en la serie estadística reciente, consolidando este año como el más violento para los menores en este rubro específico.
Este panorama pone bajo la lupa las estrategias de seguridad y prevención en las entidades más afectadas. El hecho de que tres estados concentren tal volumen de denuncias sugiere la necesidad de intervenciones focalizadas y políticas públicas que atiendan las causas raíz de la corrupción de menores en esos entornos urbanos y sociales específicos.
Para un público interesado en la política y la seguridad, estos números no son solo estadísticas; representan fallas en el tejido social y en la protección de los ciudadanos más vulnerables. La reducción observada en noviembre es un dato positivo, pero el récord anual de 2,957 casos es el recordatorio más claro de que la tarea de salvaguardar a la infancia mexicana está lejos de concluir.
