Alistan otro golpe al modelo de comunicación política, advierte Javier Corral
Una auténtica regresión el proyecto de Reglamento de Radio y Televisión.
La exención de ‘bloqueos′ a las televisoras fomenta el mercado negro de información y es contraria a la Constitución.
Decepcionante la abdicación del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, a favor de los intereses de la Televisión.
El senador de la República por el Estado de Chihuahua, Javier Corral, Consejero del Poder Legislativo ante el INE por parte de los grupos parlamentarios del PAN, advirtió que el proyecto de Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral que el día de mañana será puesto a consideración del Consejo General del INE para adecuarlo a la reciente reforma electoral, constituye una auténtica regresión. "No sólo no avanzó con relación al actual, sino que retrocede y constituye una abdicación ante la presión de las Televisoras".
El tema central es que el reglamento pretende burlar la Constitución de la obligación que tienen los concesionarios de radiodifusión de transmitir los mensajes propagandísticos de los partidos y los candidatos "en cada estación de radio y en cada canal de televisión", claramente estipulada en el artículo 41 para transmitir los 48 minutos diarios de manera individual. El reglamento plantea, fruto de las presiones de Televisa y del sometimiento de algunos consejeros, exentar a las televisoras de realizar los bloqueos en cada una de las estaciones repetidoras de sus señales nacionales pretextando impedimentos técnicos que antes no existían para los partidos, cuando éstos compraban la propaganda, y que actualmente realizan con otros clientes cuando se trata de publicidad comercial. El proyecto contempla una ilegal figura de "bloqueo estatal", que entraña una contradicción con el argumento técnico ofrecido.
"En el INE continúa la regresión, pues este tema se suma a la amañada integración de los OPLES, en la que el grupo de consejeros impulsados por el PRI y encabezados por Marco Antonio Baños, afectó seriamente el valor de la imparcialidad que deben guardar las autoridades electorales; siguió la aprobación del monitoreo de medios de comunicación que excluyó los programas de debate, análisis y opinión, y ahora el reglamento de radio y tv que constituye un nuevo golpe al modelo de comunicación política".
Esto resulta penoso y contrasta con lo aprobado en telecomunicaciones y en la reciente reforma electoral, pues mientras que en la primera se estableció la prohibición de transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, y la segunda convirtió la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión en causal de nulidad, como bases constitucionales para sancionar el mercado negro de la información, desde el INE se alienta esa práctica inmoral con la decisión de circunscribir los bloqueos de los pautados de transmisión por entidad federativa a una orden de transmisión de cobertura estatal y no por cada una de las estaciones de radio y/o televisión como dice la Constitución.
La imposibilidad de que los candidatos a diputados federales y locales tengan spots en la zona geográfica de cobertura de las repetidoras locales de las señales de televisión nacional, que son los de mayor audiencia, lo único que propicia es que esos candidatos, o aquellos de contiendas municipales, se quedan sin acceso a la prerrogativa, entonces burlen la reforma electoral del 2007 a través de hacerse de espacios a como dé lugar en estos medios, incluida la compra de entrevistas.
De acuerdo con el Senador Corral, "los bloqueos individuales son absolutamente viables; cuando la propaganda era contratada por los partidos, insertar spots era un tema factible y de fácil operación. Es decir que para anuncios comerciales las Televisoras tienen todas las posibilidades técnicas, pero para la propaganda política todos los pretextos. Es la forma con que siguen embatiendo la reforma electoral para volverla inútil, ineficaz, odiosa y por tanto, anticompetitivo el modelo".
El regresivo criterio de la autoridad electoral, que se pretende dejar plasmado en el Reglamento de Radio Televisión como fijo, implica que estas puedan "no bloquear" sus señales dentro de una entidad federativa, repitiendo una misma señal por grupos de canales en todas las emisoras de televisión con que cuente el grupo televisivo en la entidad federativa. Cuando existía el IFE, el Consejo General había dado un plazo cierto y definitivo para cumplir la obligación constitucional, el 1 de enero de 2013, en el acuerdo CG117/2012. No obstante que varios de los consejeros que entonces votaron ese plazo final, repitieron como consejeros en el actual INE, hoy están dispuestos a pasar por encima de su propio acuerdo y de la Constitución.
Lo anterior va en detrimento de las prerrogativas de los partidos políticos, de los candidatos independientes y también vulnera el derecho a la información de la ciudadanía necesario e intrínseco al ejercicio de su derecho a votar, pues la confusión y distorsión que genera este criterio implica por un lado, la recepción de información innecesaria para el ejercicio del derecho a voto y por el otro, la ausencia de información idónea para ello.
Este proyecto, sostiene Corral, debe enmarcarse en el contexto de las declaraciones de Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, quien adelantó el nuevo sometimiento al señalar a la prensa que "el Instituto no será la punta de lanza contra las televisoras… ¿es nada más un capricho o los partidos van verdaderamente a utilizarlo?".
"Nadie le pidió al Consejero Presidente que se convierta al INE en punta de lanza contra las televisoras, lo que se le exige, es que se cumpla a cabalidad con lo que establecen la Constitución y la ley, que se respete por la autoridad el ejercicio óptimo de las prerrogativas de partidos y candidatos independientes pues no es su papel prejuzgar, que se garantice el derecho a la información de los ciudadanos y que se abstenga de proteger los intereses comerciales de Televisa y de Televisión Azteca", respondió el legislador Chihuahuense.
En otros apartados, el mismo proyecto de Reglamento otorga también ominosos favores a los concesionarios de televisión restringida, exentándolos de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, así mismo determina no reducir los plazos entre la entrega de materiales por los partidos y candidatos y su transmisión por parte de los concesionarios y difiere la implementación de la entrega electrónica de órdenes de transmisión y materiales al plazo de un año.
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