La historia muestra una y otra vez que el poder sólo se sostiene a largo plazo cuando hay resultados concretos en los temas que más afectan la vida cotidiana. Dos esenciales son la seguridad y la economía. Veamos una rápida evaluación basada en evidencia, de estos ámbitos:
Seguridad: Si bien la violencia letal bajó 8.6% en el último año, el acumulado es 68.2% mayor desde 2015. A ello se suma el aumento de 212.9% en desapariciones y el crecimiento de 78% en la extorsión, lo que revela territorios donde el crimen ejerce control de facto. Las propuestas existen: políticas diferenciadas por territorio y delito, fortalecimiento de policías y fiscalías, prevención social y una gobernanza abierta que incluya a sociedad civil, academia y sector privado, como ya se ensaya con el nuevo registro nacional de incidencia delictiva.
Economía: El primer año de gobierno dejó señales mixtas. La recaudación alcanzó un máximo histórico, pero el crecimiento fue de apenas 0.7% y el déficit se mantuvo elevado, en parte por transferencias extraordinarias a Pemex que, por primera vez en la historia, costó más de lo que aportó. La deuda llegó a 53.1% del PIB y la inversión pública cayó a su nivel más bajo desde 2007. Las recomendaciones apuntan a condicionar apoyos a inversión productiva, mejorar la transparencia y establecer reglas fiscales claras.
Las reformas institucionales pueden tener respaldo político, pero la legitimidad duradera se construye con resultados tangibles. Avanzar en seguridad y fortalecer las finanzas públicas no sólo mejoraría la calidad de vida, sino que daría sustento real a cualquier proyecto de transformación política.
