El delito del cobro de piso, una forma de extorsión ejercida por el crimen organizado contra pequeños y medianos negocios en México, ha emergido con crudeza gracias a un post en X del usuario Carlos López Jones (@Carloslopezjone), publicado el 13 de julio de 2025. En su mensaje, Jones invitó a los usuarios a compartir experiencias personales sobre cierres de negocios por extorsión, desatando una avalancha de testimonios que revelan la magnitud de este problema. Con más de 30,000 empresas cerradas en el último año según el IMSS, y respuestas que detallan casos en CDMX, Culiacán, Guanajuato y otros estados, el fenómeno expone las fallas estructurales en seguridad y justicia que afectan al país.
¿Ustedes conocen casos cercanos donde sus familiares o amigos hayan cerrado negocios por extorsiones del crimen organizado?
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Si es así, ¿podrían decirnos el giro y el Estado donde estaban esos negocios?
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Gracias por leer y dar RT
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Empiezo: Local de uñas, CDMX 😢 https://t.co/5wtaCPjgqu— Carlos López Jones (@Carloslopezjone) July 13, 2025
El cobro de piso consiste en la exigencia de pagos regulares por parte de grupos criminales a comerciantes a cambio de “protección” o para evitar represalias. Los testimonios en el hilo de X muestran su diversidad: desde un local de uñas en CDMX extorsionado por $100,000 mensuales, hasta un restaurante en Ecatepec que simuló un cierre por presión oficial, y un bar en el Caribe mexicano que enfrentó amenazas con fotos de la familia del dueño. En Culiacán, más de 2,000 negocios han cerrado desde el inicio de la violencia, mientras que en Guanajuato, joyerías y llanteras reportan aumentos semestrales en las cuotas. Estas narrativas, respaldadas por datos de México SOS y Americas Quarterly, reflejan un aumento del 127% en extorsiones en CDMX en 2019 y cobros de hasta $160,000 en zonas turísticas como Quintana Roo.
La impunidad es un factor clave. Usuarios como @ReneGood y @OleGaspar sugieren colusión entre autoridades y criminales, una percepción que se alinea con reportes del Global Organized Crime Index, que señala la incapacidad del Estado para controlar territorios y combatir el lavado de dinero. La falta de acción efectiva, pese a iniciativas como la Base Nacional de Números de Extorsión, ha dejado a los empresarios vulnerables, muchos optando por cerrar antes que arriesgar sus vidas. El caso de un negocio de ropa en Nezahualcóyotl, abandonado tras la omisión de autoridades frente a la Familia Michoacana, ilustra esta desesperanza.
Las implicaciones económicas son severas. Con el 57% de la fuerza laboral en la informalidad, el cobro de piso frena el crecimiento de pequeñas empresas, como señala el Mexican Institute for Competitiveness (IMCO). La pandemia exacerbó el problema, con el auge de productos falsificados y farmacéuticos ilícitos, según el OC Index. Políticamente, el tema desafía a los gobiernos, que enfrentan críticas por no reducir la violencia, mientras la cooperación con EE.UU. en casos como el de Ovidio Guzmán resalta las tensiones bilaterales.
En conclusión, el post de Jones ha visibilizado una crisis que exige soluciones integrales: reforzar la seguridad, garantizar la independencia judicial y apoyar a las víctimas. Sin estas medidas, el cobro de piso seguirá asfixiando la economía y la confianza social en México.
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