La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 200/Q/VG/2025 dirigida a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Presidencia Municipal de Iguala de la Independencia, tras confirmar violaciones graves a los derechos humanos de dos mujeres víctimas de detención arbitraria y desaparición forzada cometidas por personas servidoras públicas de esas instituciones.
Se acreditó que vulneraron sus derechos a la libertad, integridad personal, seguridad jurídica y el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia. Así como a la afectación al derecho a la integridad personal, al derecho a la verdad, así como a la protección a la familia, al interés superior de la niñez y la adolescencia, y al proyecto de vida de sus familiares.
Esta Recomendación es resultado de años de acompañamiento cercano y constante a la familia; permitió reconstruir el caso, comprender sus impactos y visibilizar el contexto de violencia en el que ocurrió.
A partir de esto, la CNDH destaca la necesidad de incorporar, de manera obligatoria, el enfoque de género y análisis diferenciado en las investigaciones de desaparición; las mujeres enfrentan riesgos y vulnerabilidades específicas que deben ser reconocidas y atendidas para garantizar una justicia efectiva, combatir la impunidad y conocer la verdad.
La madrugada del 24 de octubre de 2012, las víctimas y sus familiares se encontraban en su domicilio cuando hombres armados dispararon contra la vivienda y entraron por la fuerza. Tras interrogar violentamente a una de las víctimas, ambas fueron privadas de su libertad. Una de ellas logró recuperar su libertad tres días después de los hechos, pero la otra continúa desaparecida.
Durante la investigación, la CNDH confirmó que quien era comandante de la Policía Ministerial de Guerrero y familiar, por afinidad, de una de las víctimas sería privada de la libertad por un grupo criminal y reconoció haberla entregado.
Se acreditó que la policía de Iguala también participó directamente en la detención ilegal y desaparición. Asimismo, se identificó que la desaparición forzada ocurrió en un contexto de macrocriminalidad existente entonces en Iguala, donde la vulnerabilidad de las víctimas se potencializó por el hecho de vivir o transitar en un territorio donde operaban organizaciones criminales en complicidad con autoridades locales y municipales. A ello se sumaron factores de género, como control hegemónico con una ideología de apropiación ejercido a través de violaciones a derechos humanos y delitos en contra de mujeres, evidenciado en los testimonios recabados.
La CNDH pidió a la Fiscalía de Guerrero y a la Presidencia Municipal de Iguala:
- Actualizar el registro de víctimas y gestionar su reparación integral del daño, con apoyo de la CEAV y la Comisión Estatal de Víctimas.
- Garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica a las víctimas.
- Colaborar plenamente con las investigaciones que siguen abiertas por la desaparición de V1.
- Impartir un curso integral en materia de derechos humanos y perspectiva de género, incluyendo obligaciones sobre investigación de desaparición forzada, sanciones por vínculos con delincuencia organizada y el uso del Protocolo Homologado de Búsqueda.
- Gestionar apoyos y programas sociales para personas víctimas, incluidos estudios para VI1 y apoyos para adultos mayores.
- Realizar un acto de disculpa pública y colocar una placa conmemorativa en Iguala, previo consentimiento de la familia.
- Emitir circulares internas reforzando la obligación de denunciar delitos y sancionar conductas relacionadas con desaparición forzada y vínculos con el crimen organizado.
Con esta Recomendación, la CNDH reafirma que la justicia con enfoque de género es indispensable para enfrentar la desaparición de mujeres y la violencia ejercida por autoridades. Este Organismo Nacional subraya la necesidad de generar garantías de no repetición, para que violaciones graves como estas no vuelvan a ser cometidas por servidores públicos, y para combatir la impunidad que durante años ha prevalecido en casos de desaparición.
Asimismo, la CNDH insiste en que todas las personas servidoras públicas deben actuar con estricta observancia de los derechos humanos, cumpliendo con sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación.
Finalmente, se reitera nuestro compromiso de seguir acompañando a todas las familias que buscan a sus familiares, para asegurar la observancia de los derechos humanos y fortalecer la prevención de nuevas violaciones, hasta alcanzar verdad, memoria y justicia.
La Recomendación 200/Q/VG/2025 ya fue debidamente notificada y puede consultarse en la página web www.cndh.org.mx.
