En las elecciones de 2003 el Partido Fuerza Ciudadana propuso en el Consejo General del IFE cancelar el registro legal al Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) que era dirigido por Gustavo Riojas Santana, quien a ciencia y paciencia del IFE se embolsó las prerrogativas recibidas con cargo al erario. El entonces consejero Jesús Cantú manifestó su rechazo a la propuesta, con el argumento de que solamente el voto ciudadano podía decidir si un partido perdía el registro; los demás consejeros compartieron tal postura.
El PSN fue multado por el IFE, a lo largo del tiempo, con casi 400 millones de pesos, de los que nunca se pudo cobrar ni medio centavo. Riojas Santana y sus familiares se embolsaron buena parte del financiamiento público. Cuando el PSN y el Partido Liberal Mexicano perdieron el registro, por no obtener el mínimo de votos, omitieron presentar el informe final de ingresos y gastos; dieron cortinazo y se fugaron con todo. El IFE no hizo nada.
Es público y notorio que el PVEM es un negocio familiar que regentea desde hace años la familia que encabeza el llamado Tucán Mayor, Jorge González Torres, quien dispuso a su antojo y provecho de millones de pesos durante su larga gestión al frente de ese partido. El cargo lo heredó a su hijo, el niño verde, Jorge Emilio González Martínez, quien ha llevado el negocio familiar a extremos que lindan con la delincuencia organizada.
La historia del PVEM está en espera de un biógrafo que dé cuenta de cómo la picaresca mexicana pudo producir tal engendro. En 1988 el Tucán Mayor firmó una alianza con Cuauhtémoc Cárdenas, para participar en el FDN; aún puede leerse en la página oficial del PVEM que lo hicieron para contribuir a terminar con… ¡el régimen autoritario del PRI!, con quien se han aliado desde 2003.
En 1991 los verdes obtuvieron, con el respaldo del entonces regente del DF y gracias a una sentencia del entonces TRIFE, el registro legal. Lo perdieron al año siguiente, al no alcanzar el 1.5% de los votos; pero la ayuda de sus amigos les permitió recuperarlo y participar en las elecciones de 1994; aunque no pudieron tener legisladores, alcanzaron el mínimo de votos para conservar el registro. En 1997 incursionaron por tercera vez en elecciones federales y obtuvieron sus primeros legisladores: un senador, Adolfo Aguilar Zinser, y siete diputados, entre ellos Marcelo Ebrard y Carolina O′Farrill, los tres se declararon independientes.
En 2000 el PVEM pactó, en términos mercantiles, con Vicente Fox (PAN) y cobró caro; pero como el de la botas no hizo al Tucán Mayor secretario de Ecología, el contrato se rompió. En 2003 el Verde inició el nuevo negocio de aliarse con el PRI, que mantiene hasta hoy, entregando también curules y escaños a personeros de las televisoras y radiodifusoras y admitiendo como sus candidatos a quienes en el PRI dan pena.
Protegido en sus trapacerías por amplio manto el negocio heredado al heredero alcanzó el cénit en 2012. La parte mayor de la telebancada llegó por el Verde. Con gobernador en Chiapas, y decenas de regidores en municipios de altos recursos, el negocio de la extorsión y venta de favores creció como la espuma. Los escándalos se sucedieron uno tras otro. Nadie actuó. Por el contrario, en 2013 el TEPJF revocó la multa de 160 millones de pesos que el IFE impuso al Verde por ilícitos cometidos en las elecciones de 2009.
Ahora el INE y el TEPJF, por fin, decidieron sancionar las canalladas del PVEM. Más vale tarde que nunca. Pero las multas son como quitarle una pluma al Tucán, como lo es la sentencia de la Sala Especializada del TEPJF que lo sanciona con ¡la suspensión de spots de intercampaña en TV!; los de radio seguirán al aire. Parece burla. No lo es.
El daño que estos falsos verdes han causado al sistema de partidos, a las instituciones electorales y la democracia es mayúsculo. Lo que procede es cancelar el registro al PVEM, a menos que alguien sostenga, de nuevo, que la ley no vale, que sólo el voto popular tiene el poder para sancionar a un partido canalla.
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