En los últimos días, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena han estado inmersos en una narrativa que trata de desacreditar las demandas de una manifestación significativa organizada principalmente por la Generación Z. A través de discursos que apuntan a la presunta organización de este movimiento por «bots», empresarios y fuerzas de la derecha, la administración busca establecer que la figura de la presidenta es robusta y que los intentos de desestabilizar su gobierno son infundados. Sin embargo, este enfoque parece tener un trasfondo que desvía la atención de las demandas legítimas de los jóvenes que hicieron eco en las calles: la lucha contra la inseguridad y la corrupción.
La marcha, que ha reunido a miles de jóvenes, se realizó en un contexto crítico: el país enfrenta crecientes preocupaciones sobre la violencia y la corrupción que han permeado diversas esferas de la vida cotidiana. Sin embargo, el gobierno ha optado por un enfoque defensivo, cuestionando la autenticidad de los participantes y sugiriendo que las manifestaciones son apenas un eco de intereses creados y no reflejan una preocupación genuina de la ciudadanía. Este acto de desacreditación no es nuevo en la política mexicana, pero resalta una estrategia de comunicación que podría resultar contraproducente.
Durante los dos días posteriores a la marcha, varios funcionarios de la administración de Sheinbaum se han apresurado a afirmar que la presidenta no será derrocada y que su liderazgo es más fuerte que nunca. Esta insistencia en reafirmar la fortaleza del gobierno puede interpretarse como un intento de consolidar la narrativa de la Cuarta Transformación ante las críticas. Sin embargo, centrarse en la resistencia del liderazgo en lugar de abordar los problemas reales que han movilizado a los ciudadanos puede tener repercusiones negativas en la percepción pública.
Por otro lado, el mensaje de la Generación Z en la marcha, no fue ni un ataque directo a la administración ni un llamado a la destitución de la presidenta, sino una exigencia clara de acciones concretas en relación con la seguridad y la transparencia gubernamental. Esta vistosidad de las demandas es, en última instancia, un reflejo del descontento general que permea en diversos sectores de la sociedad mexicana. Ignorar estas voces puede llevar a que el gobierno parezca desconectado de la realidad que enfrentan muchos ciudadanos en su vida diaria.
Al considerar el papel de las redes sociales en la organización de movimientos hoy en día, es importante señalar que, más allá de la acusación de «bots», el flujo de información y la movilización digital son herramientas legítimas para canalizar el descontento social. La juventud de hoy tiene acceso a plataformas que facilitan la organización de movimientos, lo que no debería ser visto como un signo de debilidad, sino como un indicativo de una ciudadanía activa y consciente de sus demandas.
La acusación del gobierno de que estas marchas son manipuladas por fuerzas externas resulta en una retórica que históricamente ha sido utilizada para deslegitimar movimientos sociales, un movimiento que, lejos de resolver los problemas, puede generar un mayor alienamiento de la población joven que se ve a sí misma ignorada. En lugar de responder a la evidencia de descontento popular y la necesidad de escuchar las voces de su electorado, el gobierno se mantiene en una postura defensiva que, a largo plazo, podría erosionar su base de apoyo.
En conclusión, la estrategia comunicativa del gobierno de Claudia Sheinbaum al desestimar la marcha y convertirla en una narrativa de conspiración podría resultar un intento fallido de silenciar las inquietudes de una generación que demanda cambios reales. A medida que el país navega por un entorno complicado, ignorar las demandas de seguridad y transparencia podría generar una precaria situación para el futuro político de Morena.
