2025 dejó un balance mixto para la gestión pública. En lo económico, el Gobierno logró avances en la consolidación fiscal que vale la pena reconocer. Sin embargo, el crecimiento económico, muy inferior a lo previsto, evidenció los límites de una estrategia hacendaria sin dinamismo productivo. Además, la delicada situación financiera de Pemex nos recuerda que la estabilidad de las finanzas públicas depende, ante todo, de la capacidad de crecer.
2025 fue también un año de transición institucional en cuanto a la justicia: hubo la primera elección popular de jueces y se crearon nuevas instancias de disciplina y administración. Estos procesos revelaron áreas de mejora en materia de idoneidad de perfiles, transparencia y coordinación.
De cara al futuro, los desafíos son claros. En la economía, el principal reto será superar el estancamiento y convertir el crecimiento en el eje de la política fiscal. Sin dinamismo productivo, cualquier consolidación presupuestaria será frágil y difícil de sostener.
En lo institucional, la eventual reforma electoral debería orientarse a ampliar la representación y fortalecer la competencia, evitando medidas que excluyan voces o debiliten la legitimidad del sistema. Del mismo modo, las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada requieren un análisis cuidadoso para garantizar seguridad sin sacrificar derechos ni debido proceso.
El momento exige prudencia, apertura y diálogo. Las reformas institucionales son más sólidas cuando surgen de la deliberación entre autoridades, especialistas y sociedad civil.
