Un informe reciente de TResearch International revela que el delito de allanamiento de morada ha mostrado una ligera, pero preocupante, alza en México durante julio de 2025. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 1,184 denuncias en ese mes, lo que representa un aumento del 5% en comparación con julio del año anterior. Esta cifra se suma a los 7,708 casos que se han reportado en el país durante el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El análisis destaca una tendencia a la baja en los últimos años, con 14,708 denuncias en 2023, 13,341 en 2024 y los 7,708 casos en lo que va de 2025, lo que representa una disminución del 42% en la incidencia de este delito en comparación con el año anterior. Sin embargo, el reciente repunte mensual genera alerta entre los expertos en seguridad.
El estudio subraya que la incidencia de este delito no es homogénea en todo el país. Tres estados concentran casi el 40% de los casos denunciados durante la actual administración: Baja California con 1,298, el Estado de México con 1,057 y Coahuila con 477, acumulando el 37% de los casos a nivel nacional.
Además, al analizar las cifras por cada millón de habitantes, las tasas más altas se observan en Baja California, con 344 denuncias, seguido por Aguascalientes con 210 y Baja California Sur con 208. Estos números superan con creces el promedio nacional, que se ubica en 62 denuncias por cada millón de habitantes. Este panorama resalta la disparidad en la seguridad pública a lo largo y ancho de la República Mexicana.
El informe de TResearch International, basado en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), proporciona un termómetro de la situación de la seguridad en el país y sirve como una llamada de atención a las autoridades para redoblar esfuerzos y estrategias específicas en las entidades federativas que enfrentan una mayor concentración de este problema. La seguridad pública sigue siendo uno de los mayores desafíos para el gobierno y la sociedad mexicana, y los datos sobre allanamiento de morada son un claro recordatorio de la necesidad de políticas efectivas y focalizadas.
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