El clima de seguridad en el país ha encendido nuevas alertas tras revelarse las cifras más recientes sobre la incidencia delictiva. Durante el mes de octubre de 2025, el delito de amenazas registró un incremento significativo, rompiendo la tendencia de estabilidad que se buscaba mantener. De acuerdo con el reporte más reciente elaborado por la consultora TResearch International, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contabilizaron 12,724 denuncias por este ilícito tan solo en el décimo mes del año.
Este repunte no es un dato menor para la administración pública y los analistas políticos, ya que representa un aumento del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se reportaron 11,993 casos. La cifra de octubre de 2025 se coloca como una de las más altas en la historia reciente para un solo mes, evidenciando que la intimidación sigue siendo una herramienta prevalente en la dinámica social y delictiva de México.
Al analizar el acumulado del actual periodo de gobierno, las estadísticas arrojan una radiografía preocupante sobre la distribución de la violencia psicológica y verbal. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que abarca el corte de octubre de 2024 a octubre de 2025, se han sumado un total de 117,938 carpetas de investigación por amenazas. Lo que resulta más alarmante para la estrategia de seguridad nacional es la concentración geográfica de estos delitos.
Tan solo tres entidades federativas acumulan el 35% de todos los casos reportados en el país durante este periodo. La Ciudad de México encabeza la lista en números absolutos con 16,794 registros, seguida muy de cerca por Guanajuato con 13,157 casos y Coahuila con 11,027. Esta focalización sugiere que la capital del país y el bajío continúan siendo puntos neurálgicos de conflictos interpersonales y delictivos que derivan en amagos legales.
Sin embargo, para comprender la magnitud del impacto social, es necesario observar la tasa por cada millón de habitantes, un indicador que revela la realidad cotidiana de los ciudadanos más allá de la densidad poblacional. Bajo esta lupa, la entidad más afectada es Coahuila, con una tasa de 3,504 amenazas por cada millón de habitantes, una cifra que triplica el promedio nacional de 929. Le siguen Colima, con una tasa de 3,444, y Baja California Sur con 2,555.
En perspectiva histórica, aunque el año 2023 se mantiene como el pico más alto de este delito con más de 140 mil casos anuales, el comportamiento de 2025 muestra una resistencia a la baja. Si bien las proyecciones generales anuales estimaban una reducción, el repunte específico de octubre obliga a las autoridades a no bajar la guardia. La amenaza, a menudo precursora de delitos de alto impacto como lesiones o homicidios, se mantiene como un termómetro vital para medir la tensión social y la gobernabilidad en las distintas regiones de la República.
