El delito de feminicidio, definido legalmente como la privación de la vida de una mujer por razones de género, continúa siendo una herida abierta en México. Pese a una reciente baja mensual en las cifras, el panorama histórico y la impunidad persisten, revelando la urgencia de acciones contundentes.
Según el Código Penal Federal, se considera feminicidio cuando concurren circunstancias como signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia familiar o laboral del agresor contra la víctima, una relación sentimental o de confianza entre ambos, amenazas, incomunicación de la víctima, o la exposición del cuerpo en un lugar público. Las penas por este delito oscilan entre cuarenta y sesenta años de prisión.
Un informe de TResearch International, con datos hasta mayo de 2025, indica que se registraron 57 feminicidios en México durante ese mes, lo que representa una reducción del 39% en comparación con mayo de 2024. La tendencia anual entre enero y mayo de 2025 muestra 274 feminicidios, un 25% menos que en el mismo período de 2024.
No obstante, la perspectiva a largo plazo es sombría. Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, se han acumulado 475 feminicidios. En el sexenio anterior, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se registraron un total de 5,549 feminicidios. En suma, entre ambos sexenios se acumulan 6,024 feminicidios.
El Estado de México se mantiene como la entidad con la mayor incidencia de feminicidios en el actual sexenio, con 51 casos, seguido por la Ciudad de México (32) y Sinaloa (28). Durante el gobierno de AMLO, el Estado de México también fue la entidad con mayor número de casos.
Aunque las cifras recientes de mayo de 2025 sugieren una disminución, es fundamental recordar que estas estadísticas se refieren únicamente a los casos formalmente denunciados y clasificados como feminicidios. La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural y la subdenuncia es una realidad que oculta la verdadera magnitud de esta tragedia en el país. La sociedad y las autoridades tienen el desafío de garantizar la justicia y erradicar esta forma extrema de violencia de género.
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