En un diagnóstico exhaustivo, la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, con el respaldo de la Unión Europea, ha lanzado su informe «El Estado de la Vigilancia» en 2025. Este documento recopila y amplía una década de evidencia que demuestra cómo la vigilancia de las comunicaciones en México sigue operando «fuera de control», planteando serios desafíos para los derechos humanos y la democracia en el país.
El Marco de los Derechos Humanos y la Privacidad
El informe comienza por sentar las bases en los estándares de derechos humanos aplicables a la vigilancia de las comunicaciones. Se subraya que el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales son fundamentales, reconocidos tanto a nivel nacional, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como internacionalmente, a través de instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17), y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 11). Estos marcos prohíben injerencias ilegales o arbitrarias en la vida privada, el domicilio o la correspondencia.
Es crucial destacar que la protección se extiende no solo al contenido de las comunicaciones, sino también a los metadatos –es decir, la información sobre quiénes se comunican, cuándo, cómo, por cuánto tiempo y dónde. El informe recalca que los metadatos pueden ser tan o más reveladores que el contenido, permitiendo la construcción de perfiles detallados sobre hábitos, preferencias y relaciones sociales. Aunque la vigilancia puede tener fines legítimos, como la investigación de delitos o amenazas a la seguridad nacional, no es un derecho absoluto y debe someterse a estrictos controles democráticos para evitar abuso. La vigilancia masiva, que afecta indiscriminadamente a un número indeterminado de personas, en ningún caso puede considerarse legítima.
La Vigilancia en México: Una Práctica sin Controles Efectivos
A pesar de la existencia de un marco jurídico, el informe de R3D presenta un panorama preocupante de la vigilancia en la práctica. Las fuentes de información oficial sobre las técnicas de vigilancia son escasas e incompletas, lo que dificulta el control y la rendición de cuentas. Por ejemplo, se ha documentado que el número de solicitudes de acceso a datos conservados y geolocalización no permite conocer el número real de personas y líneas telefónicas afectadas, ya que las autoridades a menudo solicitan datos de múltiples individuos con una sola petición.
Además, existe un subregistro significativo de solicitudes realizadas sin control judicial previo, bajo un mecanismo excepcional (artículo 303 del CNPP) que ha sido utilizado de forma abusiva. Esto ha permitido que autoridades accedan a información personal, incluyendo registros telefónicos y ubicaciones geográficas, de individuos sin ninguna relación con actividades delictivas, como periodistas y defensores de derechos humanos. Un modus operandi recurrente es el uso de investigaciones existentes para obtener información de números no relacionados con el delito, bajo pretextos de «información anónima».
El informe también destaca el uso extendido y sistemático de spyware como Pegasus y Galileo contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos. R3D ha documentado cómo el Ejército mexicano, a través de sus áreas de inteligencia, ha adquirido y operado ilegalmente Pegasus, espiando a figuras públicas, como lo evidencian casos donde se interceptaron comunicaciones de periodistas y defensores de derechos humanos.
La adquisición y operación ilegal de herramientas de vigilancia masiva, como las antenas falsas y la tecnología Geomatrix, también son señaladas. Las antenas falsas, por ejemplo, pueden usarse para bloquear comunicaciones y obtener información íntima, atentando directamente contra el derecho a la privacidad. La Fiscalía General de la República (FGR) ha suscrito contratos millonarios para adquirir servicios como el «Sistema Virtual Global Sigint» de Rayzone Group, a través de intermediarios como Neolinx de México, sin que exista una justificación clara ni una regulación adecuada para el uso de tales herramientas.
Los Desafíos: Impunidad, Opacidad y Falta de Control
El diagnóstico de R3D señala varias problemáticas que contribuyen a que la vigilancia continúe fuera de control. A pesar de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establecen que la autoridad judicial federal es la única competente para autorizar medidas de vigilancia, diversas autoridades persisten en buscar autorizaciones de jueces locales o interpretan que la autorización judicial previa no es necesaria cuando despliegan medidas de vigilancia de manera autónoma.
La falta de documentación adecuada sobre estas actividades fomenta el abuso y obstaculiza la transparencia, lo que a su vez favorece la impunidad. Aunque la transparencia puede ser limitada en ciertas actividades de seguridad pública o investigación de delitos, R3D insiste en que ciertas medidas de transparencia son necesarias para el control social y la prevención de abusos. Además, el incumplimiento de resoluciones que exigen la publicidad de información contractual y financiera relacionada con equipos de vigilancia irregular o ilegal contribuye a la opacidad y la impunidad.
La impunidad es un eje central del problema. Años después de las denuncias de espionaje ilegal, con casos ampliamente documentados como el uso de Pegasus, ninguna persona ha sido condenada. La Fiscalía ha sido criticada por negarse a realizar actos esenciales de investigación, obstruir y fragmentar los procesos, y hacer recaer la carga de la prueba en las víctimas. La ausencia de investigaciones sobre el uso de herramientas de vigilancia masiva, o sobre su posible relación con homicidios de periodistas, subraya la profunda crisis de rendición de cuentas en México. Esta impunidad rampante genera un ambiente propicio para el abuso continuo y el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos.
Propuestas para la Reforma y el Control Democrático
Frente a este panorama, R3D propone una reforma profunda al marco jurídico e institucional mexicano. Las recomendaciones buscan establecer controles democráticos robustos que permitan prevenir, detectar y remediar los abusos en la vigilancia de las comunicaciones.
Entre las propuestas clave se incluye la necesidad de que toda la información contenida en registros sobre proveedores, equipos y sistemas de vigilancia sea accesible para las autoridades de investigación, como la Fiscalía General de la República y el INAI. Aunque se reconoce que parte de esta información podría ser legítimamente reservada al público general, se subraya que aspectos como el registro de proveedores y el de equipos y sistemas deberían ser, en parte, públicos. Esto permitiría un mayor escrutinio y una rendición de cuentas más efectiva, combatiendo la opacidad que actualmente favorece la corrupción y la impunidad en la adquisición y uso de estas tecnologías.
En síntesis, el informe «El Estado de la Vigilancia» de R3D no solo documenta una preocupante realidad de abusos y falta de control en las prácticas de vigilancia en México, sino que también ofrece una hoja de ruta para fortalecer el estado de derecho y proteger los derechos digitales de los ciudadanos, un paso indispensable para la consolidación democrática del país.
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