El número de adolescentes en conflicto con la ley en México ha registrado un preocupante repunte. Durante 2023, un total de 32,852 adolescentes fueron imputados por la presunta comisión de un delito, lo que representa un aumento del 17.7% en comparación con el año anterior. Esta cifra marca una tendencia al alza después de una disminución previa, alcanzando casi los niveles de 2017. Los datos, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su informe de Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2017-2023, encienden las alarmas sobre la seguridad y el desarrollo de la juventud en el país.
El estudio revela que, del total de adolescentes imputados, ocho de cada diez son hombres. Si bien el número de ingresos a centros de internamiento ha disminuido de 2,728 en 2017 a 1,508 en 2023, el incremento en las imputaciones sugiere un desafío persistente en la prevención del delito juvenil.
Radiografía del delito: ¿Dónde y qué se comete?
La incidencia de adolescentes en conflicto con la ley se concentra geográficamente en seis estados que agrupan más de la mitad de los casos: Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Esto indica la necesidad de focalizar esfuerzos y recursos en estas regiones para abordar las causas subyacentes de la delincuencia juvenil.
En cuanto a los delitos más frecuentes cometidos por adolescentes, las lesiones ocupan el primer lugar con un 24.8% de los casos. Le siguen de cerca el robo (15.2%), las amenazas (9.4%), el abuso sexual (9.0%) y el narcomenudeo (8.4%). Es preocupante observar que delitos de alto impacto como el abuso sexual y el narcomenudeo se ubiquen entre los cinco más comunes, lo que evidencia la complejidad y gravedad de la situación.
Víctimas y perfiles: La afectación a los más jóvenes
El informe del INEGI también arroja luz sobre las víctimas de estos delitos. Durante 2023, se registraron 28,899 víctimas en las carpetas de investigación, de las cuales seis de cada diez fueron mujeres. Un dato particularmente alarmante es que el 56.7% de las víctimas tenían 19 años o menos, lo que subraya la vulnerabilidad de la población joven frente a la delincuencia adolescente.
La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2022 complementa estos hallazgos, señalando que un 58.2% de los adolescentes en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) no estudiaba antes de su detención. De este porcentaje, el 26% no lo hacía por necesidad de trabajar y el 23.9% por falta de interés o gusto por la escuela. Estos factores socioeconómicos y educativos son cruciales para entender las raíces del problema y para diseñar políticas públicas efectivas que promuevan la reinserción social y la prevención del delito en esta población.
El panorama que presentan estas estadísticas es complejo y demanda una atención integral. Es fundamental fortalecer las estrategias de prevención, brindar oportunidades educativas y laborales a los jóvenes, y garantizar un sistema de justicia que atienda las particularidades de esta población, buscando no solo la sanción, sino también la rehabilitación y la reinserción social.
There is no ads to display, Please add some
