Cd. de México, México (18 agosto 2015).- Dos jueces federales admitieron hoy a trámite sendas demandas de amparo promovidas por ciudadanos contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por haber permitido que los partidos políticos conserven cientos de millones de pesos que estaban etiquetados para el gasto de las campañas de 2015.
Paula García Villegas y David Cortés Martínez, jueces Segunda y Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, admitieron los amparos promovidos por Transparencia Mexicana y por un grupo de 20 académicos e intelectuales, y emplazaron al INE a contestar las demandas.
La sola admisión a trámite es un logro importante, pues los jueces reconocieron que podría existir interés legítimo de los ciudadanos para reclamar el uso de recursos públicos para fines distintos a los autorizados, amén que no consideraron que este caso se refiera a la materia electoral propiamente dicha, la cual está vedada para el juicio de amparo.
El 20 de junio, por 6 votos contra 5, el Consejo General del INE rechazó la propuesta de su propia Comisión de Fiscalización de reintegrar a la Tesorería de la Federación entre 250 y 300 millones de pesos que los partidos no alcanzaron a usar para sus gastos de campaña, mismos que ahora serán utilizados para actividades permanentes y ordinarias.
En los amparos, redactados por los abogados Luis Manuel Pérez de Acha y José Roldán Xopa, se alega que la Constitución prevé tres tipos de financiamiento público a los partidos, y que uno de ellos es el etiquetado sólo para obtener el voto en años de elecciones federales.
“Para efectos Constitucionales, sólo la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de cada año, tiene competencia para decidir el uso y destino de los recursos públicos. Por ello es inválido que cualquier otra autoridad cambie ese destino”, afirman los quejosos, que también impugnaron el artículo 150 del Reglamento de Fiscalización del INE.
“En caso de que en las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos en las campañas electorales federales, existan remanentes, deberán ser reintegrados a alguna cuenta CBCEN o CBE”, que son cuentas concentradoras de los propios partidos, ordena el artículo 150.
Una de las principales razones de la mayoría de consejeros del INE fue que el dinero ya había sido entregado a los partidos, y dicho órgano electoral carece de facultades para “confiscarlo”.
Los jueces fijaron para mediados de septiembre las audiencias constitucionales de los amparos, que todavía podrían ser desechados si el INE ofrece argumentos sólidos sobre su improcedencia.
El trámite de los juicios tomará alrededor de seis meses, pues las resoluciones de los jueces son impugnables ante tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia.
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