Un desfile que se volvió mitin

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Informe crítico | Aniversario de la Revolución Mexicana y la elección de 2027

La ocasión y el tono

Las conmemoraciones patrias suelen ofrecer a los jefes de Estado un lugar para hablar por encima de las facciones. El 20 de noviembre, en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió otro registro. En el 116 aniversario de la Revolución, advirtió que sus opositores «van a volver a fracasar» en su intento por deslegitimar los comicios de 2027, a los que calificó como «ejemplo histórico de respeto al voto». Habló además de una «nueva farsa»: según ella, al saberse derrotados, los opositores buscan sembrar dudas sobre el proceso.

El discurso llegó con cargas adicionales. Fue su primera alocución tras regresar de China, y en ella sostuvo que México no se someterá a ningún poder extranjero. También cuestionó a quienes buscan reivindicar el régimen de Porfirio Díaz. La soberanía, la historia y la elección quedaron así dentro de un mismo relato, con la oposición como adversario común.

La neutralidad como principio y como práctica

La presidenta ha sostenido que no interviene en los procesos electorales. Ya negó una intromisión del Ejecutivo en el órgano electoral cuando la titular de Gobernación asistió al arranque del proceso, y lo atribuyó a una invitación protocolaria. Pero la distancia entre lo que se dice y lo que se hace es el punto de fricción de este episodio.

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El artículo 134 constitucional exige a los servidores públicos imparcialidad en el uso de los recursos y les prohíbe influir en la equidad de la contienda. Una ceremonia oficial, financiada con recursos públicos y transmitida por los canales del Estado, no es un acto de partido. Pronosticar la derrota de los adversarios desde ese estrado difumina la frontera entre gobernar y competir.

Sheinbaum y sus partidarios responderían que defender la legitimidad de un proceso electoral no equivale a pedir votos. Argumentarían que denunciar una campaña de descrédito forma parte de las obligaciones de un gobierno que sostiene que la ciudadanía lo respalda. Es una lectura razonable, pero tiene un límite: la defensa del árbitro se vuelve más difícil de sostener cuando coincide con el ataque a una de las partes.

Una oposición con sus propias contradicciones

La crítica a la presidenta no debe leerse como una defensa de sus adversarios. Dirigentes del PRI han llegado a calificar las propuestas electorales del oficialismo como «el último clavo en el ataúd de la democracia», y el PAN y el PRI han descrito la reforma electoral como autoritaria y regresiva. Son afirmaciones de gran calibre, y quien las hace asume la carga de probarlas.

La oposición enfrenta además un problema de credibilidad. Su eventual alianza entre partidos que durante años se presentaron como antagonistas alimenta la acusación de que simulan diferencias. Y el propio INE determinó en su momento no validar la reforma estatutaria que permitió la reelección del dirigente priista Alejandro Moreno, un antecedente poco compatible con un discurso de defensa de la democracia interna. Cuando la oposición habla de la legitimidad electoral, sus argumentos pierden fuerza si sus propias prácticas no resisten el escrutinio.

El trasfondo: ¿un voto de castigo anticipado?

Es plausible que el tono tenga motivaciones prácticas. En 2027 se disputarán 500 diputaciones federales y 19,609 cargos locales, y las elecciones intermedias suelen funcionar como evaluación del gobierno en turno. Temas como el desabasto de medicamentos, la inseguridad y la inflación son los que más erosionan el respaldo a los oficialismos, y anticipar que la derrota opositora es inevitable puede cumplir una función movilizadora. Aunque se trata de una hipótesis analítica y no de un hecho verificado, resulta coherente con el patrón.

Hay otro costo. Algunos medios leyeron en sus palabras una referencia indirecta a la crisis del Instituto Nacional Electoral. Si el árbitro atraviesa un periodo de debilidad institucional, la advertencia de que cualquier cuestionamiento es una maniobra puede cerrar el espacio al escrutinio legítimo. Hay una diferencia entre denunciar el fraude sin pruebas y exigir garantías razonables, y un discurso que las confunde empobrece el debate.

Una tensión sin resolver

El episodio deja dos conclusiones incómodas. La primera es que una presidenta con amplio respaldo no necesita descalificar de antemano a quienes la cuestionan. La segunda es que una oposición que cuestiona la legitimidad electoral debe sustentarla con evidencia, no con consignas.

¿Puede un gobierno ser a la vez garante de la contienda y parte interesada en su resultado?

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