Mire usted qué coincidencia tan curiosa. Este gobierno se ha convertido en un experto en llenar las cárceles: más de 40 mil personas privadas de la libertad en lo que va de la administración, con la prisión preventiva oficiosa como su herramienta preferida. Casi la mitad de los que están adentro todavía no tienen sentencia, pero allá van, porque “hay que cuidar la seguridad”. Hasta aquí, todo “normal” en el México de la justicia express.
Pero llega el caso de Guadalupe Taddei y de pronto el reloj se detiene. La expresidenta del Instituto Nacional Electoral renunció acorralada por señalamientos de contratos millonarios a empresas vinculadas con el contratista José Alfredo Hernández Casillas. El Órgano Interno de Control del propio Instituto presentó seis denuncias penales. Hay videos, hay empresas que simulaban competencia, hay cifras que rondan los 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. La Auditoría Superior de la Federación ya metió la cuchara. Y sin embargo… ni la Fiscalía General de la República, ni el Órgano Interno de Control federal, ni la propia ASF han pedido al Instituto la información necesaria para avanzar. El Instituto, por su parte, se tomó su tiempo para entregar la denuncia. Resultado: hasta ahora no hay investigación formal ni acción judicial que se note.
Compare usted con otros casos. Cuando aparecieron agentes de la Agencia Central de Inteligencia en Chihuahua, las órdenes de aprehensión salieron rapidito. Cuando detuvieron al exgobernador panista Ernesto Ruffo por el asunto del huachicol fiscal, no hubo demora: prisión preventiva y vinculación a proceso casi de inmediato. Ahí sí hubo prisa. Ahí sí se movió la maquinaria.
Con Taddei y sus socios contratistas, en cambio, parece que hay tiempo de sobra. Como si la prisión preventiva oficiosa fuera un privilegio exclusivo para ciertos perfiles. Los de a pie, los de la oposición o los que no están en el círculo correcto van directo al bote. Los que manejan contratos electorales y tienen “amigos” en el poder, parecen gozar de una moratoria especial.
No se trata de declarar culpables de antemano. Se trata de notar el patrón. Cuando conviene, la justicia es veloz y contundente. Cuando no, se convierte en un trámite burocrático que se diluye entre oficios y esperas. Así de “imparcial” resulta el asunto.
Al final, la prisión preventiva se ha convertido en el arma más poderosa… excepto cuando toca a ciertos nombres. Y eso, digan lo que digan, huele más a selectividad que a justicia.
