- La reducción del homicidio doloso no implica una mejora generalizada del contexto de seguridad: la tasa de extorsión de 6.4 víctimas por cada 100 mil habitantes entre enero y septiembre de 2026 es 65% superior a la de 2015.
- Tres regiones estratégicas para la manufactura, el comercio y el T-MEC (Centro, Bajío–Occidente y Norte) concentran el 85% de las víctimas de extorsión registradas en el país.
- El delito se desplazó hacia entidades no priorizadas originalmente dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y se concentra a nivel micro: sólo 42 municipios (menos del 6% de los que registran el delito) reúnen la mitad de las víctimas nacionales.
Como parte de la serie De la violencia a la pacificación —el ejercicio de monitoreo de los índices de violencia delictiva del país elaborado por México Evalúa—, examinamos la evolución de las víctimas de extorsión registradas en México entre 2015 y 2026 (periodo enero-septiembre). El análisis aporta una lectura regional del fenómeno que contribuye a visibilizar amenazas diferenciadas. Además, permite calibrar el diseño de la política pública contra la extorsión y favorecer la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y el sector productivo.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que la extorsión se ha estabilizado en un nivel alto. Entre 2015 (año en que inician los registros) y 2026, la tasa nacional de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes creció 65%, al pasar de 3.9 a 6.4 durante el periodo enero-septiembre de ambos años. En contraste con la reducción registrada en el homicidio doloso —cuya tasa nacional cayó 31.3% entre 2025 y 2026—, la extorsión no ha mostrado una tendencia descendente sostenida. Esta divergencia confirma que la extorsión sigue una dinámica propia, distinta a la de la violencia letal.
A nivel geográfico, el fenómeno presenta una clara concentración:
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Corredores productivos: El Centro (8.1 víctimas por cada 100 mil hab.), el Norte (7.7) y el Bajío–Occidente (7.5) aglutinan al 85% de las víctimas del país, a pesar de albergar al 69% de la población.
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Recomposición regional: Si bien en las ocho entidades priorizadas en 2025 por la Estrategia Nacional contra la Extorsión (ENCE) las víctimas disminuyeron 13% entre 2025 y 2026, en el resto del país aumentaron 30%. Actualmente, seis de las nueve entidades con las tasas más altas (Morelos, Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco) no forman parte de esa lista prioritaria.
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Focalización municipal: Durante 2026, 729 municipios registraron al menos un caso de extorsión, pero únicamente 42 de ellos concentran el 50% de las víctimas. La intensidad del delito suele ser mayor en municipios periféricos y corredores industriales (como el eje Irapuato–Salamanca–Celaya o el oriente de Morelos) que en las ciudades principales de cada estado.
Estos hallazgos muestran que la extorsión es también un problema económico. El delito se concentra en las regiones con mayor manufactura de exportación, logística y el mayor mercado de consumo del país, y golpea sobre todo al comercio y a las pequeñas y medianas empresas, cuyos costos terminan trasladándose a los precios finales. En un contexto marcado por la llegada de nuevas inversiones y la revisión del T-MEC, combatir la extorsión en estos territorios es también una política de competitividad.
Asimismo, persisten retos metodológicos. El principal es el elevado subregistro de este delito, que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubica en 97.5%. A su vez, la heterogeneidad de los registros de las fiscalías locales dificulta dimensionar el problema en su totalidad. Enfrentar la extorsión exige diferenciar entre sus distintas modalidades (episódica, rentista y por control territorial) y superar esquemas de atención centralizados que no integran a las autoridades municipales.
Recomendaciones de política pública:
- Institucionalización de la Estrategia Nacional: Publicar la estrategia prevista en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Deben establecerse diagnósticos por corredor económico, metas anuales, plazos y una revisión periódica de las entidades y municipios prioritarios a partir de indicadores de víctimas por cada 100 mil habitantes.
- Mecanismos seguros de reporte y protección: Desarrollar sistemas de reporte anónimo en coordinación con cámaras empresariales y organizaciones civiles que brinden asesoría jurídica inmediata. La información de inteligencia recabada debe integrarse con las llamadas al 089 y los datos del SESNSP.
- Fortalecimiento y articulación municipal: Etiquetar recursos en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2027 para fortalecer a las policías de proximidad en los corredores comerciales de mayor riesgo. Además, impulsar convenios intermunicipales e interestatales para atender dinámicas metropolitanas.
- Desmantelamiento financiero de redes: Orientar las investigaciones hacia el rastreo patrimonial y la inteligencia financiera. Para erradicar el incentivo económico del delito, será necesario incorporar alertas sobre depósitos inusuales en efectivo y aplicar la extinción de dominio.
El abordaje integral de la extorsión requiere superar enfoques basados exclusivamente en indicadores de violencia letal. Desde México Evalúa reiteramos nuestra disposición para colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los sectores productivos y sociales, en la construcción de diagnósticos locales de precisión y esquemas de evaluación articulados que permitan garantizar la seguridad de las personas.
