Convertir las decisiones públicas en resultados para la ciudadanía es algo que va más allá del presupuesto. Sin duda apuntala los recursos, las instituciones, las reglas y capacidades. Sin embargo, aún faltan esos mecanismos que permiten corregir el rumbo: la evaluación y la participación ciudadana.
Ante la presión de la deuda y las pensiones, el Paquete Económico 2027 plantea un muy ajustado margen para invertir en salud, educación, seguridad e infraestructura. Sin embargo, la ciudadanía puede responder. La oportunidad para discutir no sólo cuánto gasta el Estado, sino cómo asigna y ejerce sus recursos recae en la auditoría participativa. Su ejercicio vincula la fiscalización con las prioridades ciudadanas y evalúa si el dinero público efectivamente garantiza derechos.
Este reto se expresa también en políticas mucho más cercanas a la vida cotidiana. La regulación de celulares en las escuelas, por ejemplo, busca mejorar la atención y la convivencia, pero sus resultados dependerán, en buena medida, de la evaluación de sus efectos. La medida entra en vigor mañana, por lo que hay que estar atentos.
En seguridad, la experiencia de San Pedro Garza García muestra la relevancia de contar con policías profesionales, espacios públicos cuidados y recursos suficientes, al tiempo que invita a identificar prácticas adaptables a municipios con distintas capacidades.
El desafío para construir un Estado más eficaz empieza cuando cada peso, cada regulación y cada institución contribuyen, de manera tangible, al bienestar colectivo.
