• “No se trata de elegir entre tecnología e infancia. Se trata de garantizar que la tecnología esté siempre al servicio de la infancia”.
El PAN, a través de la diputada local Laura Álvarez Soto, advirtió sobre cinco riesgos que deben atenderse desde el GCDMX y de manera prioritaria frente al uso de inteligencia artificial en menores de edad.
Se trata de la vulneración de datos personales, la violencia digital, la pérdida del pensamiento crítico, los sesgos y la discriminación, así como la desigualdad digital que puede profundizar las brechas educativas y sociales.
En este contexto, el PAN CDMX presentó cinco propuestas para avanzar hacia una agenda legislativa que permita aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin comprometer los derechos de la infancia.
Destaca el establecer un marco de protección especial para niñas, niños y adolescentes; garantizar la supervisión humana en las decisiones educativas; fortalecer la formación de los docentes; incorporar la educación y ciudadanía digital desde edades tempranas; y reducir las brechas tecnológicas para asegurar una educación verdaderamente inclusiva.
La panista indicó que el PAN ha promovido escuelas libres de celulares durante el horario escolar, con excepciones justificadas por razones pedagógicas, médicas y de emergencia.
Explicó que esta propuesta busca recuperar espacios de concentración, convivencia y aprendizaje, así como generar mejores condiciones para el desarrollo académico y emocional de los estudiantes.
“Regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas no significa estar en contra de la tecnología ni renunciar a la innovación educativa. Significa reconocer que nuestros niños necesitan espacios para aprender, convivir, desarrollar su pensamiento crítico y fortalecer sus relaciones humanas”, expresó.
La legisladora sostuvo que es necesario distinguir entre el aprovechamiento de herramientas tecnológicas con fines educativos y el uso indiscriminado de dispositivos que pueden convertirse en factores de distracción dentro de las aulas.
Álvarez subrayó que los desafíos de la inteligencia artificial no pueden enfrentarse únicamente desde las escuelas o mediante nuevas disposiciones legales.
Se requiere una responsabilidad compartida entre gobiernos, parlamentos, instituciones educativas, docentes, familias y empresas tecnológicas, así como escuchar las opiniones y experiencias de las propias niñas, niños y adolescentes.
Destacó que los gobiernos deben impulsar políticas públicas claras; los parlamentos, construir marcos normativos que protejan derechos; las escuelas y docentes, contar con herramientas y capacitación; y las empresas tecnológicas, asumir obligaciones frente al impacto de sus plataformas y desarrollos.
Asimismo, señaló que las familias tienen un papel fundamental en el acompañamiento de sus hijos ante una realidad digital que evoluciona constantemente.
Hizo un llamado a construir una agenda pública que permita aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías sin comprometer el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.
