No basta con disponer de presupuesto, atribuciones legales o mayorías políticas. Para que un Estado transforme los recursos en bienestar, también se necesitan —paradójicamente— instituciones que limiten el poder. Lejos de ser obstáculos para gobernar, estos mecanismos contribuyen a mejorar las políticas públicas. Los contrapesos al poder vigilan que se administren los recursos con eficacia y se garanticen los derechos, a la vez que se genera confianza hacia la ciudadanía. Cuando fallan los contrapesos —o el Gobierno los elimina—, las consecuencias impactan la vida de las personas.
En esta edición planteamos algunos ejemplos. Por un lado el pago del impuesto predial puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la relación entre gobiernos y ciudadanía cuando los recursos se traducen en calles mejor iluminadas, servicios de calidad y entornos más seguros.
Esa misma lógica de resultados y rendición de cuentas es indispensable incluso hasta en entornos extremos como las cárceles, donde ampliar la infraestructura debe acompañarse de capacidades institucionales que permitan recuperar el control y prevenir la operación de redes criminales.
La apertura a la evaluación objetiva y a la pluralidad no debilita a las instituciones; por el contrario, fortalece su certidumbre, atrae inversiones sostenibles y consolida el pacto social.
