El sábado pasado, desde Apatzingán, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la honestidad es la base de la autoridad moral y que no puede haber corrupción en la Cuarta Transformación, en pleno escándalo en el INE. Es una aspiración incuestionable. Pero la distancia entre el discurso y la evidencia es lo que el análisis debe medir, y los datos ofrecen señales en ambos sentidos.
La percepción ciudadana es la más contundente. En la encuesta de septiembre de Consulta Mitofsky, quienes consideran que existe mucha o regular corrupción subieron de 75 a 87 por ciento, y solo 40 por ciento reconoce cumplimiento en el combate a la corrupción, frente a 56 por ciento que lo ve pendiente. Es el único rubro desfavorable de nueve evaluados, de modo que el gobierno conserva respaldo en el resto de su agenda. La percepción no mide incidencia, pero un salto de doce puntos en un año tampoco puede descartarse como ruido.
Las denuncias exigen una lectura más fina. Según TResearch, con cifras del Secretariado Ejecutivo, de enero a septiembre de 2026 suman 15,143 denuncias contra servidores públicos, 5 por ciento más que las 14,439 de 2025, y con la estacionalidad del año pasado el cierre rondaría las 20,400, por debajo del máximo de la serie, 21,883, de 2020. Es un aumento, pero no un récord. Además, el mismo informe aporta dos datos que matizan la narrativa. Primero, septiembre bajó 6 por ciento anual, con 1,691 denuncias. Segundo, el sexenio actual acumula 53.3 denuncias por día, 7 por ciento menos que el promedio del sexenio anterior, de 57.4. En contraste, siete entidades, entre ellas Michoacán, Veracruz y Guanajuato, viven su peor arranque de año desde 2015. Una denuncia no es una condena: la cifra mezcla corrupción, disposición a denunciar y capacidad de registro.
Los casos concretos ponen rostro a esas cifras. Segalmex arrastra unos 15 mil millones de pesos desviados de un organismo creado para ayudar a los pobres. El huachicol fiscal en la Marina implica pérdidas estimadas por encima de 600 mil millones de pesos. Aquí conviene precisión: las investigaciones alcanzaron a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda, no a la titular actual de la dependencia. Las cuentas de detenidos varían: ocho en septiembre, frente a 15 en el informe oficial de octubre, 11 de ellos marinos.
El episodio de Jaime Cárdenas Gracia añade una dimensión distinta, porque cuestiona las órdenes y no solo a los subordinados. Según el reportaje de Proceso, Cárdenas renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado el 22 de septiembre de 2020, cuatro meses después de llegar. Su versión es que el presidente le ordenó reponer «de donde fuera» los 2 mil millones de pesos del cheque para la rifa del avión presidencial, y que renunció para evitar actos ilegales. Es el relato de un protagonista, no una sentencia, y el propio López Obrador, según un titular de Proceso, minimizó las denuncias y dijo que Cárdenas «se equivocó». Pero muestra que la crítica interna al manejo de recursos venía de dentro del movimiento.
Respecto a los familiares del expresidente, el panorama es de sospechas sin imputaciones. El nombre de López Beltrán habría sido mencionado en una audiencia, pero Sheinbaum afirmó que la Fiscalía no tiene investigación abierta contra él ni contra Adán Augusto López. Que no haya carpeta no equivale a exoneración, y que haya menciones no equivale a prueba. En el caso de Pío López Obrador, según Proceso, el INE lo exoneró en materia electoral, lo cual no agota el cuestionamiento ético.
La crítica de fondo la formula Carlos Loret de Mola en una columna de opinión: en Segalmex fue procesado el director de administración, pero su jefe nunca fue imputado. Es una tesis, no un hallazgo judicial, aunque describe lo que muchos ciudadanos perciben. El gobierno puede responder con las detenciones y con su exigencia de auditorías en el INE, que Sheinbaum condicionó a que no quede ninguna sombra de corrupción. Cabe una precisión conceptual: el INE es un organismo autónomo, no una dependencia del Ejecutivo, aunque fue la propia presidenta quien vinculó el tema con su movimiento.
La conclusión es sobria. Desear que no haya corrupción no la elimina, y el discurso del expresidente que la daba por superada quedó desmentido por la percepción ciudadana y por una cifra de denuncias que no baja. Lo que distinguirá a esta administración será su capacidad de llegar hasta las cabezas cuando los indicios lo justifiquen, algo que ningún eslogan sustituye.
